La Audiencia Provincial ha condenado a tres zamoranos con iniciales A.A.L.B., M.A.C.C.P. y G.S.A a tres años de prisión y el pago de una multa de 3.000 por un delito de tráfico de drogas. Las investigaciones comenzaron el pasado 30 de diciembre de 2015 por la Guardia Civil a través de escuchas telefónicas y registros domiciliarios entre los acusados, en una red de creación y distribución de sustancias estupefacientes.
La investigación mantuvo bajo investigación a seis sospechosos de los que se tuvo constancia su relación en esta trama. Un entramado del que se tuvo constancia con la incautación de gran cantidad de sustancias puras, así como de productos y utensilios para el tratamiento de las sustancias para su posterior venta. Los hechos probados sitúan a los condenados en varias zonas de Zamora en la que entablaban contactos para la venta de la droga.
Los hechos declarados probados constituyen un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daños a la salud (artículo 368 del Código Penal), por la presencia de sustancias como la Anfetamina o MDMA que están incluidas en las tableas de tales sustancias.
Además de la a existencia de una actividad relativa al tráfico de este tipo de sustancias se encuentra acreditada por el contenido de las conversaciones telefónicas y los hallazgos en las entradas y registros que en el caso de los realizados en los domicilios son suficientes por sí mismos a la vista de las sustancias aprehendidas y su peso, que incluso considerando su pureza exceden de los máximos para ser considerado para consumo propio, por lo que la posesión ha de considerarse como pre ordenada al tráfico. Pero no es este el único elemento que indica la existencia de dicha actividad, puesto que en el caso de ambos se hallaron también otras sustancias y elementos que indican su dedicación al corte o fabricación de las mismas.
La Audiencia ha dictado la condena por tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto y penado en el artículo 368 del Código Penal, sin la concurrencia circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena a cada uno de ellos de tres años de prisión con la accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una multa de tres mil euros, con responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad para el caso de impago y al pago de las costas.
En el total de los seis investigados, tres de ellos han sido absueltos de los cargos.
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