Tres empresas en Zamora y un fraude millonario a la Seguridad Social: así ha sido el juicio

El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión y una multa de 7.420.000 euros

Juicio contra los acusados de fraude a la Seguridad Social
Juicio contra los acusados de fraude a la Seguridad Social

La Audiencia Provincial de Zamora ha acogido este miércoles el juicio contra el dueño de Cuadros Eléctricos, su esposa y una socia, los tres acusados de defraudar más de 2,4 millones de euros a la Seguridad Social por el impago de cuotas desde 2013 a 2017, siendo acusados de un delito contra la Tesorería de la Seguridad Social.

Durante el juicio ha declarado en primer lugar la inspectora de Trabajo que elaboró el informe en junio de 2016, ratificándose en el mismo y señalando que, en su actividad inspectora a tres empresas, GCE, Chint y Micro Plus, detectó que parte de los trabajadores trabajaban de forma indiferenciada para las empresas, así como que concluía que hay una empresa que es la que fabrica y produce el producto y otra es la que factura y cobra, considerando que el objetivo era descapitalizar GCE para incumplir sus obligaciones laborales.

Así, la inspectora ha remarcado que las tres empresas utilizaban los mismos bienes para la producción de los servicios que se venden y todo lo que se produce se cobra en una de las empresas, habiendo confusión patrimonial.

Preguntada por los abogados de la defensa, la inspectora ha señalado que las naves de dos de las empresas estaban pegadas pared con pared, así como ha destacado que aunque el fin del surgimiento de las mismas no fuera ese, después como grupo el fin pasó a ser eludir el pago de responsabilidad, cargando con los gastos CGE y las facturas por otra empresa del mismo grupo.

Por su parte, el dueño de GCE ha recordado que su empresa iba bien hasta 2011, que empezó la crisis, y ha señalado que las naves de Micro Plus y GCE no estaban juntas, estaban separadas por un túnel y la nave de Micro Plus estaba alquilada, así como que la de Chint estaba a tres kilómetros.

Además, ha negado que los trabajadores de Micro Plus recibieran órdenes de los de GCE y toda la confusión laboral entre ellos, resaltando que “ya estaban preparando una guerra contra mí, me han hecho una mentira a mí y llevo años sufriendo algo que no he hecho, he llegado a perder todo el patrimonio”.

Así mismo, ha hecho hincapié en que las deudas que se originaron con la Seguridad Social fue porque fue imposible hacerles frente, no porque quisiera eludirlas, mostrándose dispuesto a día de hoy a hacer frente a la deuda, así como ha negado relación de gerencia de GCE y Chint con Micro Plus, y ha concluido señalando que su mujer no intervenía en nada, únicamente firmaba en su ausencia.

La esposa del dueño de GCE ha declarado en el mismo sentido, señalando que cada una de las empresas tenía sus empleados, resaltando que los trabajadores estaban preparando un complot, así como que no tenían nada que ver con Micro Plus“Tenemos la intención de afrontar esas deudas. Este señor (el dueño de GCE) es un luchador nato, se caerá mil veces y se volverá a levantar”, ha concluido.

La última acusada, administradora única de Micro Plus, se ha reafirmado en la separación total y absoluta con las otras empresas y ha negado que hubiera trabajadores de la misma que prestaran servicios para GCE.

Por estos hechos el Ministerio Fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión y 7.420.288,59 euros de multa con responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión en caso de impago, así como la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante el plazo de seis años, al considerar acreditados los hechos a pesar de que los acusados nieguen que hubiera relación entre las tres empresas, con la declaración como prueba objetiva de la inspectora de trabajo que acredita lo contrario, la confusión de los trabajadores y, en materia de compras, una empresa pedía presupuesto y la factura era en otra empresa.

Por su parte, la defensa solicita la absolución, señalando que no ha habido ningún entramado de empresas y que cada sociedad tenía su propio funcionamiento, así como que no hay ánimo de defraudar porque tenían problemas de liquidez y no podían abonar los boletines de cotización, pero seguían presentándolos y llegó un momento que no podían afrontar la deuda.

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