La crónica de tribunales de 2020, además de por el parón provocado por la pandemia en las sedes judiciales, estuvo marcada por el vuelco que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio al caso Arandina, al revocar la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos y considerar que no hubo violación. Además, absolvió a uno de los condenados, mientras que a los otros dos, a los que en principio se les impusieron penas de hasta 38 años, les rebajó la condena a tres y cuatro años.
En diciembre de 2019 la Audiencia Provincial de Burgos condenaba a cada uno de los tres exjugadores de la Arandina, Carlos Cuadrado Santos, Víctor Rodríguez Ramos y Raúl Calvo Hernández, a 38 años de prisión como autores de un delito de agresión sexual en grupo a una joven que tenía 15 años cuando sucedieron los hechos.
El fallo de la sentencia les aplica la doctrina del Supremo con ‘La Manada’, que estableció que en una violación grupal cada uno de los acusados fuera responsable de los hechos realizados por él mismo y como cooperador necesario por los cometidos por los demás, y de esta manera los futbolistas fueron condenados a la pena más elevada impuesta de los recientes casos de agresión sexual de estas características.
Tres meses más tarde, a mediados de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León, lejos de dar por buena esta sentencia, descartó que incurrieran en un delito de violación y les condenó por abuso, aplicando además las atenuantes de cercanía de edad y proximidad en el grado de madurez con la víctima. En el caso de Raúl Calvo, el TSJ fue un paso más allá y le eximió de toda responsabilidad, para lo que destaca que la declaración de la víctima goza de credibilidad en cuanto a los hechos que se produjeron, pero carece de ella en lo que se refiere a cómo se desarrollaron. Además, rebajó la condena de Cuadrado y Rodríguez a cuatro y tres años respectivamente.
Por otra parte, en la segunda ola de la pandemia, en la que el Gobierno dejó en manos de las comunidades la decisión de adoptar medidas restrictivas para controlar la epidemia, los tribunales de lo Contencioso Administrativo adquirieron un especial protagonismo, en especial la Sala del Tribunal Superior de Castilla y León, que en más de una ocasión dejó sin efecto las decisiones de la Junta.
Así, a principios de noviembre revocó la suspensión de las visitas a las residencias de mayores decreta por la Junta al considerar que se produciría “un confinamiento domiciliario” de un sector de la población en todo el ámbito de la Comunidad “de forma indiferenciada”, sin diferenciarse las actuaciones en los centros afectados o no por el COVID-19
Al margen de la actividad en los tribunales, 2020 también nos dejo el relevo en la Fiscalía de Castilla y León. En octubre, el Pleno del Consejo Fiscal designaba como nuevo Fiscal Superior de Castilla y León a Santiago Mena Cerdá, quien a este momento ostentaba la jefatura de la Fiscalía Provincial de Burgos, cargo al que accedió en 2008.
Mena, con 31 años de antigüedad en la carrera en las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y en Castilla y León, sustituyó en el cargo a Lourdes Rodríguez Rey, que septiembre pasó a ocupar una plaza de fiscal en el Tribunal Supremo.
Santa María
El episodio más triste en el ámbito judicial fue la agresión que sufrió la juez de la localidad segoviana de Santa María la Real de Nieva. La abulense María Sonsoles Sanchidrián fue asaltada el 1 de diciembre por un hombre, al que hacía unos días se le había notificado una resolución civil desfavorable, y a las puertas del propio juzgado recibió varias puñaladas con un destornillador. Aunque al principio ingresó en el hospital de Segovia con lo que parecían heridas leves, tuvo que ser derivada a la UCI con un pronóstico grave a causa de un neumotórax.
A raíz de esta agresión, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, lamentó que desde el Ministerio de Justicia no se hayan atendido las las advertencias que la Sala de Gobierno del TSJCyL ha realizado en los últimos años sobre las insuficientes medidas de seguridad que tienen los juzgados únicos de la Comunidad.