Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación por un fraude a la SeguridadSocial que supera los 9 millones de euros a partir de un entramado empresarial que se extendíapor 17 provincias: Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Gerona, Huesca, LaCoruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora.
Las investigaciones, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social,comenzaron a nales de 2018. Hay 45 personas investigadas, de las que 28 han sido detenidasen las citadas provincias tras recibir varias denuncias que informaban de ilícitos penales quese estaban cometiendo contra la Tesorería General de la Seguridad Social.Según ha informado la Policía Nacional, los investigados crearon entramados empresarialescon empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los benecios y elpatrimonio con el n de eludir el pago a la Seguridad Social.
Los 45 responsables del delito han resultado ser, principalmente, los administradores de hechode las empresas, pero también sus testaferros --algunos de ellos trabajadores que guraban enconnivencia--, así como familiares de los primeros, a quienes se les ha imputado delitos contrala Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la SeguridadSocial (fraude de prestaciones), falsedad documental, insolvencia punible y usurpación deestado civil.Avanzadas las investigaciones, se realizaron informes patrimoniales de las personasimplicadas, con el n de que pueda solicitarse el embargo de aquellos bienes localizados.
Desde que en el año 2009 comenzaran las actividades de una de las empresas investigadas,jamás fueron ingresadas las cotizaciones de sus trabajadores, generando hasta la fecha unperjuicio a la Seguridad Social de 376.884,01 euros. Por este hecho, la administradora de lasociedad fue detenida como autora de un delito agravado contra la Seguridad Social.La falta de voluntad de regularizar la situación con la Seguridad Social ha sido palpable duranteestos años, ocultando a la Tesorería General de la Seguridad Social la verdadera situaciónlaboral de la sociedad y su balance económico.
A los trabajadores se les pagaba su jornal enmetálico, no se les daba de alta en la Seguridad Social ni se les hacía contratos donde seespecicaran las horas a trabajar ni el salario que recibir por su desempeño profesional.A los empleados, pese a trabajar todas las semanas de lunes a sábado y en algunos casosdesde el año 2013 hasta la actualidad, no se les abonaba el salario si se ponían enfermos o sise iban de vacaciones.
Una empresa administrada concursalmente intentó ser comprada fraudulentamente por unasegunda sociedad, según ha destacado la Policía, con la que supuestamente se resolverían losproblemas económicos vigentes con la Seguridad Social, valorados en más de 150.000 euros.Para reforzar la oferta sobre la unidad de producción, la adquirente se valió de un documentormado por el administrador de una tercera sociedad, que comunicaba la aprobación de unananciación para esta operación por un importe de 700.000 euros.Esta última empresa, que fue comprada por un euro y que no aparece dada de alta en laSeguridad Social al carecer de trabajadores, tiene su objeto social muy alejado de la principalinvestigada.
Su administrador, en el momento de firma del escrito de nanciación, cobraba unsubsidio por desempleo, lo cual indica que esta mercantil no tenía capacidad de realizar unaoperación de esas características.Esta última empresa, sin ser propietaria de la deudora, se aprovechaba de esta situación paraoperar sin distinción entre ambas, manejándose la supuesta compradora como encargada dela concursada y utilizando a los empleados de ésta para labores administrativas y deproducción en su propio benecio.Acreditados los hechos por los investigadores de la Policía Nacional, se procedió a ladetención de los administradores de la empresa deudora y compradora por un delito deinsolvencia punible. Se imputó por estos mismos hechos al administrador concursal.