Estafa de miles de euros a varios ganaderos de Zamora y Galicia en la compra de terneros

La Audiencia Provincial de Zamora ha acogido este lunes, hasta el momento que el apagón de luz lo ha permitido, el juicio contra tres acusados como presuntos autores de un delito de estafa continuada y falsedad documental tras la compra de numerosos terneros a varios ganaderos de Zamora y Galicia que nunca llegaron a pagar.

Los hechos ocurrieron en 2020, cuando la Guardia Civil dio a conocer que se investigaba a tres personas por estos delitos tras la denuncia de varios ganaderos sanabreses, que pusieron en conocimiento que habían sido víctimas de estafa en la compraventa de las reses.

En la intervención realizada en explotaciones ganaderas se localizaron gran cantidad de las reses adquiridas mediante estafa en la comarca sanabresa y en la provincia de Orense, reconocidas por sus propietarios y retornadas a sus legítimas explotaciones.

El modus operandi, según dio a conocer la Guardia Civil en su momento, era el siguiente: una persona desconocida para el ganadero se presenta en la explotación con la intención de comprar reses de ganado joven. Esta persona se hace pasar por un representante de una conocida empresa del sector de la ganadería y de buena reputación, e inicia la compraventa de las reses.

El estafador ofrece un buen precio por cada una de las reses. Una vez cerrado el precio, al día siguiente se presenta para cerrar la operación y entrega al ganadero, un comprobante de ingreso en la cuenta por el dinero acordado, que a la postre resulta ser un recibo falsificado, al igual que la factura falsa, que es emitida a nombre de la empresa suplantada.

Otro de los implicados, poseedor de una ganadería, solicita a la Unidad Veterinaria de su zona, crotales identificativos nuevos, argumentando que son para reses nacidas en su explotación. Estos crotales son usados para cambiarlos por los que ya poseen las reses adquiridas mediante la estafa y “legalizarlas” a nombre de la otra explotación.

Por último, las reses son cargadas por el tercer investigado, trasladadas a una explotación ganadera de referencia, desde donde se realizan el resto de transacciones de compraventa del ganado a otras instalaciones ganaderas.

Durante el juicio celebrado esta mañana y que continuará mañana martes, dos de los acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y, con el atenuante de reconocimiento de los hechos, han aceptado las penas finalmente impuestas para cada uno de ellos que se basan en un año de prisión por estafa continuada, un año de prisión por falsificación de documento mercantil, un año de prisión por falsificación de documento oficial y seis meses de prisión por receptación.

No obstante, los abogados de la defensa de ambos han solicitado la suspensión de la pena al cumplir los requisitos establecidos, si bien en materia de responsabilidad civil deberán de reparar el importe defraudado, más de 50.000 euros.

Respecto al tercer acusado, no habiendo conformidad, se ha procedido a la continuidad del juicio y ha prestado declaración en la Audiencia manteniendo que los terneros que vendió en esas fechas eran de su propiedad, resaltando que no había hablado con otro de los acusados por vía telefónica en ningún momento, así como que no fue él quien le facilitó a otro de los acusados los teléfonos de los ganaderos a los que tenía que llamar y acudir y ha señalado que las unidades veterinarias otorgan los crotales según las vacas parideras que tengas.

Tras él han declarado algunos de los ganaderos afectados, algunos de ellos que recuperaron los terneros y otros que no, y todos ellos han coincidido en que el modus operandi era el mismo y descubrían al día siguiente o los dos días que el documento de pago que se les había mostrado era falso, así como que sus reses, para aquellos que las localizaron, tenían crotales alterados y no eran los originales, todos ellos pertenecientes al acusado.

Aunque el juicio continuará con declaraciones de los agentes de la Guardia Civil, entre otros, durante la jornada de mañana, por el momento la Fiscalía solicita para el acusado tres años de prisión por el delito de estafa continuada, tres años de prisión por falsificación de documento mercantil y doce meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y tres años de prisión y cuota diaria de 12 euros durante doce meses por el delito de falsificación de documentación oficial.

Por su parte, la acusación solicita una pena de 8 años de prisión por el delito de estafa continuada y 20 meses de multa con cuota diaria de 25 euros; dos años de prisión por delito de receptación y dos años y seis meses de cárcel por falsificación de documento oficial, con una multa durante 11 meses con cuota diaria de 30 euros.

Por último, el abogado de la defensa solicita la libre absolución.