En la operación se ha detenido un total de 33 personas pertenecientes a la organización y se han investigado a otras tres a las que, junto a los detenidos, se les atribuyen 1.640 infracciones penales.
En concreto, la operación 'Brain-Ceci' se ha desarrollado en Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde se han detenido a 33 integrantes de la banda y a las que se les acusa de un delito de estafa por el que han conseguido un beneficio estimado de más de 760.000 euros.
Los detenidos, con edades comprendidas entre los 23 y los 55 años, han sido acusados por los supuestos delitos de estafa, falsificación de documentos oficiales y mercantiles, usurpación de estado civil, robos con fuerza y descubrimiento y revelación de secretos.
Además, junto con los tres investigados, se les atribuye la comisión de 1.640 infracciones penales cometidas durante los años 2017 y 2018 en diferentes provincias españolas.
Los 33 detenidos formaban parte de un grupo perfectamente organizado y jerarquizado del que la parte superior de la pirámide estaba compuesta por tres miembros que ejercían las funciones de dirección y coordinación. Por debajo de ellos, estaban los llamados 'falsificadores', con una amplia formación y especialización en la manipulación, adulteración y falsificación de documentos identificativos y medios de pago bancarios.
En niveles inferiores de la banda estaban los denominados 'buzoneadores', es decir, los encargados de sustraer la correspondencia de los buzones de sociedades mercantiles, casi siempre en polígonos industriales o directamente de vehículos del servicio de Correos en busca de pagarés o cheques originales. Los cheques encontrados eran entregados a los jefes de los 'falsificadores' que modificaban el importe, la fecha de vencimiento y los daros del beneficiario.
En los últimos eslabones de la cadena estaban los 'conductores' y los 'paseadores'. Los primeros eran los encargados de reclutar y transportar hasta las sucursales bancarias elegidas para perpetrar las estafas a los 'pasadores' que eran los autores materiales de los cobros. A estos últimos se les suministraban documentos de identidad falsa con una fotografía y una firma que fuesen capaces de reproducir a la hora de realizarla en la entidad bancaria.
Estas falsificaciones se habían hecho previamente y con precisión en los laboratorios de la organización, acreditándose la existencia de, al menos, tres inmuebles dedicados a ello y cuya ubicación sólo era conocida por los jefes de la organización.
Para conseguir una mayor sensación de validez de los documentos falsos que se entregaban al banco, se respetaba la información básica como es la sociedad mercantil que emite el documento, su número de IBAN de cuenta bancaria, la firma del representante que consta en el documentos original y el número de serie de éste.
DINERO, MATERIAL DE FALSIFICACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA
Durante la fase de explotación, la Guardia Civil y la Policía Nacional practicaron cuatro registros en las residencias de los cabecillas de la trama y en un piso que la organización utilizaba como laboratorio donde realizaban las tareas de falsificación de los documentos de identidad y medios de pago bancarios.
Entre los objetos hallados en los cinco registros se encontraron productos químicos, tintas luminiscentes, un dispositivo de luces ultravioletas, papel de calidad idéntica al utilizado legalmente para la emisión de los efectos financieros, prensas eléctricas plastificadoras, guillotinas para recortar el papel y diversas herramientas útiles para el proceso de falsificación como cúteres, tijeras, rodillos, pegamentos, rotuladores, guantes, etc.
Además, los agentes se incautaron 3.220 euros en billetes de distinto color --procedente de la actividad delictiva investigada--, varios teléfonos móvil, la correspondencia postal sustraída, documentos ya falsificados y listos para su uso y equipos informáticos completos con ordenadores, impresoras y escáner de las máximas prestaciones tecnológicas.