El inicio del juicio contra los cinco intregantes comenzó en la mañana de este jueves pasadas las once y media de la mañana. Un juicio al que no han acudido solos ya que han sido decenas de integrantes de la misma asociación quienes le han acompañado a los juzgados de Zamora. Un juicio que el presidente de Lobo Marley, Luis Miguel Domínguez enfrenta con la "cabeza bien alta" y al grito previo de "lobo vivo".
El propio Domínguez calificaba este proceso judicial como un capítulo de "defensa del lobo y contra un negocio como es el de la caza y la muerte de una especie protegida". Con estas palabras el presidente de Lobo Marley ponía de manifiesto su postura en los momentos previos al inicio del juicio por el que están acusado cinco miembros de la asociación y la acusación particular pide dos años y medio de cárcel.
Una condena que el propio Domínguez calificó de "excesivo" y una peitición "desmedida" por parte del "responsable de un negocio como es la caza". Pese a su opinión de la condena aseguró que "asumirá la sentencia sea cual sea" y se mostró "feliz" con la dimensión que ha alcanzado la defensa del lobo".
En el mismo sentido, el presidente de Lobo Marley aseguró que volvería a repetir los hechos por los que se le acusan ya que se trata de "una defensa de toda la población que defiende el medio natural y las especies protegidas". Solicitando de esta manera a la Administración que tomará conciencia de los usos a los que se derivan las casetas derribas por ellos mismos el pasado 2016.
Con todo ello, Domínguez afrontaba la comparecencia sin titubeos y agradeciendo el apoyo de todos aquellos que se han acercado hasta el juzgado. "Hay mucha gente de Zamora, porque zamora quiere a su naturaleza y Zamora no va a permitir que se siga dañando al lobo tal y como ese hace".
Con estas palabras Luis Miguel Domínguez cruzaba las puertas de la audencia zamorana minutos antes de que comenzase la vista prevista para este jueves con una condena de dos años y medio de cárcel a petición de la acusación particular y una indemnización de 50.000 por parte de la administración de la JUnta de Castilla y León y el Ministerio Fiscal.
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