Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d' Esquadra y los distintos cuerpos de Policía Local-- registraron en 2019 un total de 218.302 hechos presuntamente delictivos relacionados con o cometidos por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
La cifra, de la que un 80 por ciento de los casos se corresponde con estafas, supone un aumento de un 35,8 por ciento respecto a los ciberdelitos detectados el año anterior.
Los datos dados a conocer este domingo por el Ministerio del Interior proceden del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) y están recopilados en el VII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad, que por primera vez recoge datos de todos los cuerpos y fuerzas policiales del territorio nacional tanto en la vertiente de los hechos conocidos como en la de las detenciones e investigados, motivo por lo que el informe reconstruye y actualiza la serie histórica desde 2016.
De los 218.302 posibles ciberdelitos conocidos en 2019, el 88,1 por ciento (192.375) son fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia, la siguiente categoría por volumen es la de las amenazas y coacciones cometidas a través de internet, 12.782 casos que representan un 5,9 por ciento del total.
Para elaborar su estadística, el SEC adopta la clasificación diseñada en el Convenio de Ciberdelincuencia hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001, a la que añade otras infracciones penales reguladas en la legislación interna española junto a todos los delitos que para su comisión hayan empleado las TIC, como son los delitos contra el honor o algunos supuestos de amenazas y coacciones.
FENÓMENO EN ASCENSO
Los datos contabilizados durante la serie histórica 2016-2019 permiten constatar que la ciberdelincuencia es un fenómeno en constante crecimiento, según se destaca en el estudio.
Los 92.716 hechos detectados en el primer año de la serie pasaron a ser 117.399 en 2017 y 160.729 en 2018 hasta llegar a la cifra registrada el pasado año. Este crecimiento de los ciberdelitos ha aumentado su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad: si en 2016 supusieron el 4,6 por ciento del total, en 2019 fueron ya el 9,9 por ciento.
Las fuerzas de Seguridad de Estado tienen conocimiento de esos posibles ciberdelitos gracias a su labor preventiva y de averiguación obien a impulso de las denuncias interpuestas por los perjudicados. Así, en 2019 fueron esclarecidos 30.841 casos gracias a indagaciones policiales que permitieron la detención o investigación de 8.914 presuntos responsables.
El perfil del ciberdelincuente es un hombre (6.625, el 74,3 de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española (7.098, el 79,6 los detenidos o investigados), presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.
A LA CABEZA MADRID, CATALUÑA Y ANDALUCÍA
Desde el punto de vista geográfico, la distribución de la ciberdelincuencia en 2019 sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana entre las comunidades autónomas que concentran más infracciones penales en este ámbito En el nivel provincial están a la cabeza del ranking Madrid, Barcelona, Valencia, Illes Balears, Bizkaia y Sevilla.
El VII Informe sobre Cibercriminalidad incluye también los incidentes registrados por el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), órgano técnico de coordinación del Ministerio del Interior en materia de ciberseguridad, y al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), órgano competente para su prevención, mitigación y respuesta.
El concepto incidente hace referencia a los posibles ataques sufridos por las infraestructuras de información y comunicación tanto públicas como privadas operadas para la prestación de servicios esenciales. A lo largo del año 2019, el número de incidentes de ciberseguridad reportados fue de 818, un 13,29 por ciento más respecto al año anterior.