La verdad sobre los ingresos de los Ayuntamientos por las plantas de biogás: una renta mínima frente a grandes riesgos

Según la plataforma Stop Biogás, los municipios recibirían cantidades insignificantes por la instalación de estas plantas, mientras que los riesgos para la salud y el bienestar de la población serían enormes.

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Manifestación Stop Biogás Zamora
Manifestación Stop Biogás Zamora

La plataforma Stop Biogás ha difundido un informe en el que revela los ingresos limitados que los Ayuntamientos recibirían por la instalación de plantas de biogás en sus localidades, desvelando una gran disparidad respecto a las cifras inicialmente mencionadas. Según los datos obtenidos, las plantas de biogás apenas generarían beneficios económicos para los municipios, lo que ha generado gran preocupación entre los ciudadanos.

El informe, elaborado por Stop Biogás, detalla los ingresos por diferentes conceptos impositivos, mostrando una realidad que dista considerablemente de las expectativas previas. El Impuesto de Actividades Económicas (IAE), por ejemplo, no aportaría nada en los primeros dos años, y las cantidades que se percibirían a largo plazo serían mínimas: alrededor de 2.800 euros si la planta generara entre 10 y 50 millones de euros en negocios anuales.

Por otro lado, las empresas dedicadas a la generación de electricidad y gas, como las que se instalarían en estas plantas, se benefician de bonificaciones de hasta un 90% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), lo que se traduce en una prácticamente nula contribución económica para los municipios.

En cuanto al Impuesto sobre la Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO), las empresas solo pagarían alrededor del 2% de la obra civil, y en caso de que la instalación se declare de interés público, quedarían exentas de este pago.

Estos datos e informaciones, proporcionados por la plataforma Stop Biogás, ponen en cuestión las supuestas ventajas económicas de las plantas de biogás para los municipios y subrayan la desproporción entre los escasos ingresos que recibirían los Ayuntamientos y los graves riesgos que implica la instalación de estas plantas para la salud y el bienestar de la población.

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