El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha vuelto a destacar la urgente necesidad de aprobar una Ley estatal que obligue a las administraciones sanitarias a implementar medidas más contundentes y eficaces contra las agresiones a los profesionales sanitarios. Esta demanda se ve reforzada por el incremento de las agresiones notificadas en 2023.
Según el reciente “Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud 2023” publicado por el Ministerio de Sanidad, el problema de la violencia en el ámbito sanitario sigue en aumento. El informe revela que el 30 por ciento de las agresiones reportadas tuvieron como víctimas a enfermeras, con una tasa de notificaciones de 24,19 agresiones por cada 1.000 profesionales de Enfermería, cinco puntos más que el año anterior.
El incremento general de casos de agresiones registradas ha sido de cuatro puntos, afectando mayoritariamente a mujeres (76%). Los insultos y amenazas son las agresiones más frecuentes, y las causas más habituales están relacionadas con la atención percibida por el paciente o sus demandas.
SATSE ha trabajado desde hace años para informar, sensibilizar y presionar a las administraciones públicas con el objetivo de erradicar este grave problema. En 2018, el sindicato propuso al Gobierno, consejerías de Sanidad y partidos políticos una norma estatal con numerosas medidas para prevenir la violencia en el ámbito sanitario y ayudar a los profesionales afectados.
El Sindicato de Enfermería insta a los partidos políticos con representación en la Cámara Baja a que impulsen esta norma en la actual legislatura. La organización enfatiza la necesidad de una respuesta conjunta, regularizada y eficaz por parte de las organizaciones sanitarias, ya que actualmente las consejerías de sanidad y gerencias actúan de manera independiente y descoordinada, con frecuencia de manera insuficiente.
El objetivo prioritario debe ser garantizar que cualquier profesional sanitario, independientemente de su lugar de trabajo, tenga acceso a los mismos recursos, atención y apoyo. Esto solo es posible mediante la aprobación de una regulación estatal de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas y empresas sanitarias privadas.
Encuestas realizadas por SATSE en los últimos años concluyen que ocho de cada diez enfermeras han sufrido alguna agresión, ya sea física o verbal, en el desempeño de su trabajo. Un problema que mantiene una tendencia al alza, como confirma el nuevo informe del Ministerio de Sanidad.
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