El pasado 23 de octubre el luto tiñó la localidad de Roales del Pan tras la muerte de Arancha Corcero, una joven de 27 años que falleció tras ser atacada por una jauría de perros en uno de los caminos de la localidad. Un hecho que conmocionó no solo a la provincia, sino a todo un país que se hizo eco del caso.
Cientos de vecinos se reunieron la localidad para despedir a la joven tras su triste final que ahora sienta precedentes en la legislación de la localidad en lo que a tenencia de animales se refiere para evitar así que se repitan hechos como el que acabó con la vida de la joven enfermera.
La nueva ordenanza se aprobó en pleno el pasado mes de mayo en el Ayuntamiento de Roales del Pan, pero no ha sido hasta este mes de junio cuando se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y este martes se cumplen 15 días desde su publicación y entra en vigor este mismo martes 23 de julio.
Dentro de la nueva Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales se dedica un apartado específico sobre los ataques o agresiones de animales a personas que causen lesiones en el individuo.
El apartado diferencia además el tipo de lesiones. Las lesiones leves, que no implican ingreso hospitalario u operaciones quirúrgicas, supondrán una sanción de 501 euros para el dueño del animal o animales responsables del ataque.
En el caso de que las lesiones sean graves la multa será de entre 10.001 y 50.000 euros, mientras que las lesiones muy graves pueden suponer multas de entre 50.0001 euros y 200.000 euros.
La tipificación de lesión muy grave engloba que la persona atacada necesite un ingreso de más de tres días, que este hecho le suponga consecuencias físicas de por vida o que incluso le cause la muerte.
En lo que se refiere a la legislación para los propietarios de los animales, la Ordenanza Municipal contempla, además que los propietarios de los mismos serán responsables de las consecuencias de cualquier naturaleza que deriven de esos hechos y estarán obligados a poner al animal a disposición de los servicios veterinarios.
Asimismo, los dueños quedan obligados a retener al animal hasta su recogida por los servicios sanitarios municipales u otros competentes, prohibiéndose expresamente cualquier traslado del mismo o causar su muerte. Tendrán también la obligación de comunicar al veterinario cualquier cambio sanitario o comportamiento que observen.
La norma, que fue aprobada en mayo, entra en vigor este martes 23 de julio en la localidad después de cumplir 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia sin que se hayan presentado alegaciones al respecto.