El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, se reunió ayer con el secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en Castilla y León, Pablo Vicente, para abordar el futuro de las unidades de gestión clínica tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula los proyectos piloto desarrollados en dos servicios hospitalarios. El consejero ha insistido en que la Junta de Castilla y León acata la sentencia y por ello se compromete a negociar con las organizaciones sindicales cualquier cambio que suponga modificaciones totales o parciales en las plantillas orgánicas.
Sáez ha recordado, además, que el contenido de la sentencia supone un aval al proyecto de gestión clínica.
Por una parte, porque la sala recuerda que las unidades de gestión clínica son instrumentos ya contemplados específicamente en el artículo 14 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.
En segundo lugar porque “la potestad de auto organización ejercida en este caso por la Gerencia Regional de Salud” con el programa experimental implanta una nueva forma de gestión pero “no incide en las condiciones laborales ya existentes”.
La sentencia concluye en su fundamento tercero que “este conjunto de consideraciones permiten secundar la conclusión de que no concurren las infracciones denunciadas por la federación sindical demandante, por lo que este fundamento de la pretensión no puede prosperar”, según apuntan fuentes de la Consejería de Sanidad.
CC. OO. consideraba en su demanda que “se está cambiando el modelo de gestión de los recursos humanos y se están modificando las condiciones de trabajo de los profesionales en cuanto a retribuciones, horarios, permisos, funciones, etc”. Estas cuestiones no son atendidas por la sala, que considera que la gestión clínica prevista en las normas autonómicas forma parte de la capacidad de autoorganización de la Gerencia y que “esas novedades no afectan, en un sentido propio, a las condiciones de trabajo ya existentes recogidas en normas dictadas por la Administración o paccionadas sobre provisión, tiempo de trabajo o permisos y licencias”.
En consecuencia, “no tienen sentido” las afirmaciones de CC. OO. sobre la orientación privatizadora de este proyecto. De la sentencia se deduce que estas unidades han funcionado sobre condiciones de trabajo recogidas en normas dictadas por la Administración, según precisan las mismas fuentes.