Según ha señalado en un comunicado, las Confederaciones Hidrográfica son organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica, por tanto, ajenas al ámbito de supervisión del Procurador del Común, pero "dada la gravedad y quejas de muchos alcaldes y ciudadanos de Castilla y León", Quintana ha pedido que Defensor del Pueblo actúe.
Esta institución ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones como consecuencia de la tramitación de varios expedientes de queja, determinando que, tal como ha declarado el Tribunal Supremo, las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponden a las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, mientras que las competencias de control y de autorización corresponden a las confederaciones hidrográficas.
Sin embargo, en aquellos terrenos situados fuera de las zonas urbanas, estas actuaciones las han de realizar los organismos de cuenca competentes, por lo que su labor se considera "fundamental" en aquellos tramos en los que la excesiva vegetación puede disminuir ostensiblemente la capacidad de desagüe, evitando así posibles inundaciones en las localidades más cercanas.
Por estas razones, el Procurador del Común ha decidido incoar una actuación de oficio, concluyendo que en Castilla y León los organismos de cuenca que, en su caso, deben actuar son las Confederaciones Hidrográficas del Duero, Tajo, Miño-Sil, Ebro y del Cantábrico, organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica, por lo tanto ajenos al ámbito de supervisión que corresponde del Procurador del Común, por lo que se ha considerado que el Defensor del Pueblo podría intervenir en el ámbito de sus competencias con objeto de que se realicen las actuaciones necesarias de limpieza y acondicionamiento de cauces en aquellos tramos situados fuera de las zonas urbanas que técnicamente se consideren prioritarios, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, que vuelvan a repetirse los daños sufridos hace algunos días.