Los procuradores del Partido Popular por la provincia de Zamora en las Cortes, Óscar Reguera y Alberto Castro han explicado los beneficios de la ley de blindaje de los servicios esenciales en Castilla y León, con la que se pretende que no haya un deterioro de estos servicios básicos como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, garantizando, según ha dicho los procuradores, que no se cierren colegios con tres alumnos o consultorios médicos en zonas rurales que estén más despobladas.
Para la provincia de Zamora será importante esta ley para el proyecto de Montelarreina, aseguró Castro quien aseguró que Zamora “no tiene ningún problema de servicios para acoger a 1.300-1.700 personas ya que la junta se ha comprometido a mejorar los servicios que sean necesarios, pero nunca menos”.
El problema, señalaron los procuradores, es “no saber por parte del Gobierno cuántos militares van a venir y cuándo y eso imposibilita que trabajemos para poner a punto lo necesario” y confirmaron que “la Junta ya trabaja con el Ayuntamiento de Toro para promocionar viviendas, que tampoco supone ningún problema”.
Castro pidió “que Pedro Sánchez no se olvide de Zamora ni de sus promesas del 2019” y afirmó que desde el Partido Popular “se trabaja en una declaración interregional que facilite los trámites para que Montelarreina sea una realidad cuanto antes, Zamora no puede dejar escapar este proyecto ni los zamoranos deben consentirlo”.
El procurador Reguera ha asegurado que “llevar a rango de ley los tres servicios más esenciales, sanidad, educación y servicios sociales, es un pacto con los ciudadanos de Castilla y León”. Al mismo tiempo ha hecho hincapié en que se pretende garantizar la prestación de estos tres servicios para estos se presten “con igualdad” en todo el territorio de la Comunidad.
Ambos procuradores han ensalzado la salud de la que gozan estos tres sistemas en nuestra Comunidad. Reguera señaló que el sistema público de salud “es el cuarto mejor valorado de España a pesar de la falta de plazas MIR, que tendrá que acometer el Gobierno central con urgencia”.
En cuanto al sistema de salud, alguno de los datos “más relevantes”, según ha desgranado el procurador del PP, es que “tenemos la mayor red de consultorios abiertos en toda España, distribuidos por toda la geografía de Castilla y León, donde disponemos de 247 centros de salud y 3.600 consultorios. También ha añadido que “tenemos la mejor ratio de médicos y la segunda mejor de enfermería en atención primaria”.
En el ámbito de la educación, el procurador destacó que Castilla y León ha aparecido en el primer puesto del ranking de las competencias de matemáticas, ciencias o comprensión lectora, según el Informe PISA y el Informe PIRLS de la OCDE. El gobierno regional, admitió “seguirá manteniendo estos servicios y este nivel del sistema educativo de nuestra comunidad”.
Los servicios sociales también han explicado que “llevamos 10 años consecutivos encabezando el ranking de atención a la dependencia y somos los primeros en servicios sociales de las comunidades del régimen común. El último informe del Observatorio de la Dependencia dice que nuestro sistema de protección social es el más eficiente, equilibrado y el que más empleo genera”, siendo Castilla y León la comunidad que presta un servicio “más completo e integral”.
Esta ley pretende que “la decisión de cerrar consultorios médicos tenga que pasar por un debate en las Cortes de Castilla y León antes de ejecutar el cierre, al igual que los centros educativos no podrán cerrarse en el mismo curso escolar, sino que tendrán que pasar dos años para su disolución”.
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