Por otro lado, los concejales del PP en Pereruela reiteran que no están en contra de que el alcalde cobre sueldo pero exigen que lo haga de manera legal, postura que han mantenido desde el conocimiento de los hechos.
A comienzos de pasado mes de julio, la Fiscalía Provincial de Zamora trasladó al Juzgado decano las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pereruela en torno a los cobros realizados por los alcaldes de Adeiza e Izquierda Unida en el municipio “por tener los hechos objeto del presente procedimiento el carácter de delito de prevaricación administrativa”.
El Fiscal Jefe de Zamora decretó esta decisión, con fecha del pasado 9 de julio, después de haber tomado declaración al secretario interventor del Ayuntamiento de Pereruela en calidad de testigo.
Las investigación judicial se inició a raíz del escrito de denuncia dirigido a la Fiscalía Provincial de Zamora por el Grupo de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pereruela el pasado 6 de junio para que se investigaran los presuntos cobros irregulares realizados tanto por el actual alcalde de Adeiza, Daniel Gómez Moralejo, como por Andrés Segurado Rosón, de Izquierda Unida, quien ocupó la Alcaldía en funciones durante cuatro meses debido a la baja por enfermedad del primero de ellos.
El Partido Popular en Pereruela reitera que en ningún momento pretendió judicializar este asunto y que solamente optó por trasladar esta denuncia a la Fiscalía ante la reiterada negativa de ambos alcaldes a reintegrar voluntariamente las cantidades percibidas de forma presuntamente ilegal, a pesar de habérselo pedido en numerosas ocasiones de manera pública y en las sesiones plenarias celebradas en el municipio.
En el escrito de denuncia de los concejales se pone de manifiesto que Daniel Gómez Moralejo, desde la toma de posesión en junio de 2011 hasta agosto del 2012, cobró un sueldo municipal bajo la apariencia de dieta periódica y mensual, como alcalde al mismo tiempo que percibía una pensión de jubilación.
Del mismo modo, el documento advierte de la incompatibilidad de ambos cobros según consta en un informe de enero del 2012 del entonces secretario, cuestión ratificada en los mismos términos por otro informe posterior fechado en noviembre del mismo año.
Ambos informes secretario concluyen que “las retribuciones de las dietas de la Alcaldía no se ajusta a la normativa anteriormente citada, puesto que no se puede considerar una dieta como tal sino que sería una retribución económica debido a su carácter periódico y mensual, incompatible con el disfrute de la pensión de jubilación”.