En septiembre de 2012, la Junta de Castilla y León autorizó las aportaciones dinerarias a las universidades públicas de la Comunidad para financiar sus gastos de funcionamiento durante el cuarto trimestre de 2012 teniendo en cuenta los efectos de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, en aplicación del Decreto-Ley 1/2012, de 16 de agosto, por el que establecen medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria, como consecuencia de las reducciones previstas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), ha manifestado que la norma estatal básica, en particular el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, carece de eficacia retroactiva en sí mismo, por lo que no puede abarcar el periodo de tiempo anterior a la fecha de su entrada en vigor, el 15 de julio de 2012.
Por ello, la Administración autonómica aprobó el pasado 24 de abril un acuerdo por el que se dispone proceder al abono a los empleados públicos de 44 días de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengadas en el período que va desde el 1 de junio al 14 de julio de 2012, según apuntan fuentes de la Junta.
Este acuerdo fue suscrito por los representantes del Ejecutivo autonómico y de las centrales sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, con la voluntad de que dicho acuerdo surta efectos no solo en el ámbito de la Administración general y de sus organismos autónomos, sino también para los empleados de las universidades públicas de la Comunidad.
Conforme al acuerdo suscrito, el abono de la cuantía total correspondiente a los 44 días devengados de la paga extraordinaria se realizará, el 45% (1.985.904 euros), en la nómina correspondiente a mayo de 2014 y, el 55 % restante (2.427.216 euros), en la nómina de enero de 2015, pudiendo, no obstante, realizar su abono, total o parcial, en la nómina de diciembre de 2014 en función de las previsiones de cumplimiento del objetivo de déficit fijado para este año, según las mismas fuentes.