El comunicado que este colectivo leía era el siguiente:
Vecinos de la provincia de Zamora, acompañados por gente de otras provincias, nos concentramos esta tarde a las puertas de las Cortes de Castilla y León para exigir a nuestros procuradores que pongan freno a la proliferación de granjas industriales porcinas en la región. Está en riesgo el futuro de nuestros pueblos, a los que llegan promotores con falsas promesas de creación de empleo como contrapartida a la contaminación del aire, el agua y la tierra que ocasionarán los cerdos y sus purines.
Reclamamos a la Junta de Castilla y León que atienda las recomendaciones del Procurador del Común quien, ante las numerosas quejas de colectivos de Zamora y Soria, ha pedido que se adopten medidas para minimizar el impacto medioambiental de los purines. El Procurador del Común recuerda que los ciudadanos tienen reconocido el derecho a disfrutar de un medio ambiente ecológicamente sostenible y equilibrado. Y las granjas intensivas porcinas chocan frontalmente con este derecho.
Aunque a la Junta le cuesta dar información al respecto, los datos aportados al Procurador del Común demuestran un crecimiento destacado en el número de explotaciones porcinas (que suman casi 600), así como un incremento de la capacidad de las ya instaladas en Castilla y León. Tras los graves problemas de contaminación en regiones como Cataluña o Aragón, reconocidos incluso por sus gobiernos, los promotores industriales se han fijado en Castilla y León, en la España Vaciada, para repoblarla con granjas de cerdos al amparo de la Junta.
Las asociaciones vecinales de Zamora contrarias a los proyectos de granjas industriales porcinas le recordamos al gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos que en la provincia somos muchos los que estamos en contra de este tipo de ganadería de industrial. No rechazamos la agricultura ni la ganadería, ni intentamos criminalizar a agricultores y ganaderos, como afirman algunos, sino que defendemos un medio rural sostenible en el que debemos de caber todos. La oposición ante las granjas industriales porcinas incluye a ganaderos, agricultores, comerciantes, hostelería o emprendedores turísticos, que ven peligrar su futuro económico y vital.
No se trata de la lucha de unos pocos, de forasteros que quiere pueblos para los fines de semanas, sino de vecinos que ven en las granjas industriales una amenaza directa para la economía del medio rural. Como se ha demostrado, las granjas porcinas no generan más que uno o dos puestos de trabajo, así que poco van a contribuir a frenar el éxodo rural. Sin embargo, su presencia en nuestros pueblos acabará expulsando otro tipo de negocios y agravando el problema de la despoblación.
La Junta asegura que cuanto más grandes son las explotaciones ganaderas se abren más posibilidades de contar con sistemas de gestión adecuada de los purines para minimizar su impacto ambiental. Aun así, la propia Junta reconoce que las plantas de tratamiento de purines no son viables económicamente, así que la única alternativa es verter los purines al campo y confiar en las buenas prácticas de los agricultores pues no existen sistemas de control que verifiquen que se cumple con la normativa.
Así lo reconoce también el Procurador del Común, que recomienda al Gobierno regional diseñar un plan de inspecciones para revisar las instalaciones ya en funcionamiento y garantizar que cumplen con la normativa y que incluyen prácticas mejoradas para minimizar el impacto de los purines. El Procurador admite que el incremento de explotaciones porcinas está generando numerosos problemas en sus entornos y el derecho a la libertad de empresa no es absoluto. No todo vale.
Desde Zamora nos sumamos a la petición del Procurador del Común para que la Junta apruebe una moratoria a la instalación de granjas industriales o el incremento de la capacidad de las existentes para valorar la situación actual y el grado de saturación. Se recuerda que la Junta tiene desactualizado el catálogo de zonas vulnerables por contaminación por nitratos mientras que se continúa autorizando ampliaciones o construcción de granjas sin saber el impacto que ocasionarán en la zona.
También reclamamos más control sobre los proyectos, porque el papel lo aguanta todo. A la Junta le vale con que se presente un plan de gestión que garantice que la granja dispone de suficiente terreno para el esparcimiento de los purines, sin revisarlo ni comprobarlo. Así, se descubre la inclusión de terrenos no aptos, según la propia normativa regional; o de parcelas cuyos dueños, y no los arrendatarios, han prohibido la utilización de purines en sus propiedades. Sobre el papel, el plan de gestión siempre cumple, aunque no sea real.
Por todo ello, exigimos a la Junta de Castilla y León más control sobre la instalación de granjas industriales porcinas, que anteponga la causa medioambiental y atienda la reivindicación de los vecinos, sin ceder ante presiones de determinados colectivos que solo demuestran su preocupación por el medio rural cuando les afecta directamente a sus bolsillos. Colectivos a los que todavía no les hemos visto levantar la voz cuando, por ejemplo, se reducen la asistencia sanitaria en nuestros pueblos.
La Junta es la administración responsable de garantizar que el desarrollo rural sea sostenible y no excluyente. Queremos que se implique y se comprometa, sin escudarse en la normativa ni dejar el control al albur de las buenas prácticas agrícolas. Y que no frene las acciones que quieran desarrollar otras administraciones, como los ayuntamientos a través de sus ordenanzas, para regular la instalación de granjas industriales y vigilar y limitar el esparcimiento de purines a fin de garantizar la convivencia y la economía rurales.