Estas directrices, consensuadas con entidades locales, entidades más representativas del Tercer Sector y el Diálogo Social, especifican la finalidad de la Red, los destinatarios, el rol de los agentes y colaboradores que intervienen, ya sean públicos o privados, el acceso a un sistema integrado, coordinado e interrelacionado de 23 recursos, prestaciones y servicios, así como las reglas de participación y solidaridad ciudadana, el seguimiento y la difusión de esta Red de Protección, pionera en España y que fue creada por Decreto-Ley con el máximo aval social y político, según señalan fuentes de la Junta de Castilla y León.
Con las normas aprobadas, se crea el registro de entidades de la Red y se establece quiénes serán los agentes implicados. Así, formarán parte de este engranaje las administraciones y entidades públicas responsables de los recursos de la Red, las entidades privadas que reciban financiación directa o indirecta de la Administración autonómica para desarrollar la Red y aquellas que firmen conciertos, convenios y contratos en este ámbito.
También están invitadas a participar en este dispositivo entidades colaboradoras. Todas aquellas entidades que reciban financiación por parte de la Junta de Castilla y León para desarrollar programas de la Red estarán sometidas a estas directrices de funcionamiento y podrán utilizar el logotipo acreditativo.
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