Recientemente y gracias a la colaboración ciudadana, Ecologistas en Acción Zamora ha recibido información e imágenes sobre el empleo de trozos de uralita (además de otros escombros) en las inmediaciones de Ferreras de Arriba, para bachear un camino paralelo a la carretera de Villardeciervos.
Los hechos, que pueden implicar un delito para el medio ambiente y la salud, se han puesto en conocimiento de las autoridades para que sean investigados y además, para que se busquen responsabilidades.
El amianto se ha utilizado durante décadas en tuberías de fibrocemento o en planchas onduladas en techos (el conocido tejado de uralita) y también se ha empleado en edificios prefabricados, revestimientos, tanques de agua, etc. La “uralita” deteriorada, rota, triturada, esparcida y además, desgastada, como es el caso que denunciamos, puede liberar fibrillas, que pueden ser inhaladas y generar -tras un proceso de exposición-, numerosas dolencias y enfermedades, como el cáncer de pulmón o fibrosis pulmonar.
Con la lluvia, en ambientes húmedos (como es el suelo) y tras los arrastres de lavado, pueden aumentan los riesgos de contaminación de las capas freáticas y de los acuíferos. Aunque hay uralitas modernas que, debido a su composición, no presentan estos problemas, la mayoría de estos materiales antiguos mantienen latentes estos riesgos.
Desde Ecologistas en Acción recuerdan que el uso de materiales que contengan amianto está prohibido en España desde 2001 por una orden ministerial. A su vez, la retirada de estos materiales en los lugares donde esté instalado está regulada según el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo y por la Directiva 2009/148/CE; el manejo o sustitución de este material debe encargarse a una empresa especializada y tratarse como residuos peligrosos que deben gestionarse correctamente. Deshacerse de estos materiales en la naturaleza o utilizarlos para bachear caminos representa una enorme irresponsabilidad, está prohibido y además, puede acarrear infracciones.
Desde Ecologistas en Acción Zamora aprovechan la ocasión y solicitan públicamente a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos la elaboración de un inventario del amianto y también un “plan de desamiantado” en lugares públicos. También agradecen la colaboración ciudadana en la cesión de estas y otras informaciones.