La firma de estos convenios se inscribe en el marco de la Agenda para la Población 2010-2020, en la que se establecen los principios y medidas necesarias para fomentar el mantenimiento de la población, especialmente en el medio rural, y en donde se reconoce que el acceso a la vivienda constituye, junto con la generación de empleo y actividad económica, un aspecto fundamental para evitar su despoblación.
Además, se enmarca también en el Programa Rehabitare puesto en marcha por la Junta de Castilla y León en la anterior legislatura en colaboración con los ayuntamientos y obispados y que ahora se amplía a las diputaciones. Con este programa, al que la Junta de Castilla y León ha destinado ya 11 millones de euros, se han rehabilitado hasta la fecha 246 viviendas de titularidad municipal o eclesial con el objetivo de incorporarlas al parque público de alquiler social para ofrecerlas a familias con muy escasos recursos, priorizando a los jóvenes y a los colectivos especialmente vulnerables. Se trata, por tanto, de una iniciativa de marcado carácter social que, además, logra fijar población en el medio rural; evita el deterioro del patrimonio existente, contribuyendo con ello al desarrollo sostenible en el territorio; y promueve la reactivación económica de los municipios rurales.
El convenio que se firmará con cada una de las nueve diputaciones establece que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente contratará todas las actuaciones que requiera la rehabilitación de los inmuebles o viviendas seleccionadas. Las diputaciones provinciales, por su parte, prestarán el apoyo y coordinación necesaria con los municipios para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación de los inmuebles en la provincia correspondiente. Ambas administraciones financiarán las actuaciones de rehabilitación en los términos y porcentajes establecidos, que están fijados en un 50 %.
En cuanto a la selección de las actuaciones rehabilitadoras, habrá una Comisión de Seguimiento cuya decisión deberá basarse en los siguientes criterios: el inmueble debe ser de titularidad municipal, los municipios deberán tener menos de 5.000 habitantes y deberán tener demanda de viviendas en alquiler. El coste total de la rehabilitación no podrá superar los 40.000 euros+ IVA de Obra y 3.000 euros + IVA de honorarios o 43.000 euros + IVA de Obra y honorarios y, en caso contrario, deberá cubrirlo el ayuntamiento correspondiente, con quien habrá que firmar también convenios particulares.
La cuantía de los convenios asciende a 4.264.000 euros, financiada al 50 % entre la Junta y las respetivas diputaciones, con el siguiente reparto: 416.000 euros de presupuesto para cada una de las diputaciones, excepto Palencia, que contará con 520.000 euros y Salamanca, con 832.000 euros, debido a la mayor disponibilidad presupuestaria de estas diputaciones.