El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado enPleno el inicio de otras dos fiscalizaciones correspondientes al plan de trabajode este año, con lo que son nueve los informes puestos en marcha desde el pasadomes de marzo por parte del órgano de control externo. Trabajos que se suman alas 13 fiscalizaciones que se hallan en fase de elaboración, algunas de ellasmuy avanzadas, correspondientes al plan anual de 2019 y que se irán remitiendoa las Cortes. Por otro lado, el presidente del Consejo, Mario Amilivia, volveráa comparecer en dos fechas ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamentoautonómico a lo largo del mes de julio para la presentación de distintosinformes ya aprobados por el órgano de control y pendientes de este trámite,siete en la actualidad.
La institución con sede en Palencia acaba de dar luz verde alas directrices técnicas para el inicio de la fiscalización de los Servicios deAsistencia Técnica (SAT) de las diputaciones provinciales de Castilla y León,con especial incidencia en su actividad para evitar la falta de rendición delas Entidades Locales de su correspondiente ámbito territorial. Además, ha aprobadoel proyecto de directrices técnicas para la fiscalización de la implantación ygestión de la administración electrónica en las entidades locales de Castilla yLeón, en coordinación con el Tribunal de Cuentas.
Fiscalización de losSAT de las diputaciones provinciales. Entre las actuaciones del Consejo deCuentas destacan sus diversos informes de análisis del Sector Público Local,que inciden en los aspectos que afectan al ciclo presupuestario de lasentidades locales y a la rendición de cuentas anuales. Esta fiscalización operativapermitirá tener una imagen clara de la situación de uno de los elementos claveen el impulso de la rendición, como son los Servicios de Asistencia Técnica de lasdiputaciones, al tiempo que supondrá poner al día el último de los informes queprofundizó en la estructura, organización y funcionamiento de estos servicios técnicoscuyo referente fue el ejercicio 2011.
A 31 de diciembre de 2019 habían remitido la Cuenta General del2018 un total de 3.343 entidades locales, el 70,4% de las integrantes delSector Público Local de la Comunidad. En consecuencia, 1.407 entidades localesno habían rendido las cuentas de dicho ejercicio, es decir, el 29,6% incumplíandicha obligación.
En la etapa 2009-2018, diputaciones y ayuntamientos arrojanlos mejores niveles de rendición de cuentas en Castilla y León, frente alcomportamiento de las mancomunidades -con niveles que oscilan entre el 57,5 yel 62%- y las entidades locales menores, que después de alcanzar el 94,4% parael año 2013, retroceden hasta el 65,1% en 2018. A todo ello se añade el hechode que el número de entidades con incumplimientos reiterados de rendición cobraespecial importancia, afectando de forma muy especial a las de menor tamañopoblacional.
A 31 de diciembre, tomando como referencia la etapa2013-2018, un 15% de las entidades existentes en 2018 (713 de un total de4.750) no habían rendido las cuentas de 2 o más ejercicios. El índice deincumplimiento en esos 6 años se sitúa en el 11,9% para los ayuntamientos (267de 2.248), sube al 15,6% en el caso de las entidades locales menores (347 de2.219) y al 35,9% en el caso de las mancomunidades (98 de 273). Por elcontrario, las diputaciones no incurren en esta situación.
Los objetivos de la fiscalización pasan por definir yanalizar las actuaciones llevadas a cabo por las diputaciones en relación conlos ayuntamientos que no rinden la cuenta, la situación de los puestos reservadosa los funcionarios de habilitación nacional existentes en la Comunidad confunciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financieray de contabilidad, y analizar las dotaciones de personal y estructura de lospuestos de trabajo existentes en los SAT de las 9 diputaciones y del ConsejoComarcal de El Bierzo.
Fiscalización de laimplantación y gestión de la administración electrónica en las entidadeslocales, en coordinación con el Tribunal de Cuentas. Es una fiscalizaciónde cumplimiento que tratará de verificar el ejercicio, por parte de las diputaciones,de sus competencias en relación con la prestación de los servicios de administraciónelectrónica a los ayuntamientos de municipios con población inferior a 20.000habitantes, y la observancia y aplicación por los ayuntamientos de entre 10.000y 20.000 habitantes de la normativa sobre administración electrónica.
También es una fiscalización operativa, por lo que seanalizará la ejecución de las medidas y actuaciones establecidas en losprogramas presupuestarios destinados a la e-Administración, evaluando la mejoraen la facilidad de acceso a los procedimientos por parte de los ciudadanos.
Los municipios de población inferior a 20.000 habitantesrepresentan en Castilla y León más del 99% del total de 2.248, y suponen entérminos de población algo más del 47% de 2,3 millones de habitantes. De entre losayuntamientos a los que las diputaciones deben prestar servicios de administraciónelectrónica, se ha seleccionado como ámbito subjetivo de la fiscalizaciónaquellos que cuentan con población entre 10.000 y 20.000 habitantes, al ser losde mayor entidad: Astorga, La Bañeza y Villaquilambre, en la provincia de León;Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes, en Salamanca; y Benavente, enZamora.
En cuanto a la implantación de la e-Administración en losayuntamientos se analizará en la muestra seleccionada el cumplimiento normativode los asuntos claves para la transformación digital, como son la sede electrónica,los sistemas de notificación electrónica, la identificación y firma, el registroelectrónico o la carpeta ciudadana, ente otros. Tanto en el caso de lasdiputaciones como de los ayuntamientos, se analizará la incidencia que en estosservicios haya podido tener el Covid-19.