La Audiencia Provincial de Zamora ha acogido durante la mañana de este miércoles el juicio contra cuatro concejales del Ayuntamiento de Roales entre 2015 y 2019 acusados de presunta prevaricación por unos hechos ocurridos en 2019 sobre la pavimentación de una calle.
En concreto, esta corporación solicitó una subvención a la Diputación para la pavimentación de varias calles entre las que se encontraba la calle La Cruz, sobre la que la causa tiene objeto.
La primera en declarar ha sido la ex alcaldesa de la localidad, quien ha señalado que tenía conocimiento de la problemática histórica que había con esa calle, poniendo en contexto que en la misma se habían hecho servicios de pavimentación parciales y había que delimitar la parte que correspondía al Ayuntamiento y la que era de ámbito privado y tenían que hacer los vecinos, decidiendo en una reunión las opciones existentes para solventar el problema.
La ex alcaldesa ha incidido en que al ser zona urbana sí se podía pavimentar y por ello la incluyeron para la subvención, así como que informó al resto de concejales en el Pleno de que el secretario había informado de que la calle podía ser objeto de controversia y que apuntaba a que había que ver las soluciones que había que tomar con esa calle, así como también ha explicado que en la Diputación nadie les dijo que no se podía hacer.
Así mismo, la acusada ha resaltado que la calle no es privada, son dos unidades de actuación del Ayuntamiento y los vecinos que no están delimitadas, así como ha reconocido que el hijo de uno de los concejales acusados vive en la misma aunque no le afectaría porque la entrada a la vivienda es por otra calle que está asfaltada, concluyendo que ellos hicieron la solicitud de la subvención con cargo a los planes provinciales y la ejecución ya la materializó el siguiente equipo de Gobierno.
Los otros tres acusados han afirmado conocer la controversia existente con esa calle, si bien han señalado que solo se fueron a las bases de las subvenciones y como era una zona urbana se podía hacer y por eso se solicitó y como la Diputación concedió la subvención creyeron que se podía pavimentar con dinero público, reiterando que el secretario no se opuso y únicamente informó de que había una controversia con esa calle.
Durante el juicio también ha declarado el que por entonces era el secretario, quien ha ratificado el informe que emitió en su día señalando que les advirtió de que era suelo urbano no consolidado pero en el plan urbanístico está como unidad de actuación, por lo que su pavimentación exigiría un plan parcial para que los vecinos lo ejecutasen. Así mismo, ha hecho hincapié en que informó a la corporación de que la pavimentación de la calle contravenía las normas urbanísticas y que es interpretación de los acusados que sea legal porque la Diputación les otorgara la subvención y ellos asumieron que la iban a hacer aunque sabían la problemática existente.
Por estos hechos, la Fiscalía solicitaba 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para cada uno de los acusados, si bien la acusación solicita una pena de prisión de seis años para tres de los acusados y de 9 años para el cuarto implicado, así como inhabilitación absoluta para todos ellos por un periodo de 15 años. Por el contrario, la defensa pide la libre absolución de todos ellos.