En este contexto, señala que mediante su campaña #LaCazaTambiénVota pudo reunirse con PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos y Vox y opina que esto demuestra que las formaciones políticas son claramente conscientes de la importancia de la caza sostenible en el desarrollo socioeconómico del mundo rural y en la conservación de especies y hábitats.
Ante el resultado "positivo" de los comicios, la RFEC señala que seguirá trabajando con el PSOE "como hasta la fecha", igual que con Ciudadanos, Partido Popular y Vox que, en sus programas defendía la caza. En cuanto a Unidos Podemos, añade que la formación morada les ha asegurado que quiere "seguir abriendo diálogo" con los cazadores y "fomentar una caza social". De este modo, defiende que la caza es una "actividad apolítica, integrada por cazadores de todas las ideologías".
Por otro lado, califica de "noticia muy positiva para el sector" que no hayan logrado representación parlamentaria "algunos partidos" que pedían explícitamente la prohibición de la caza.
Ahora, una vez pasadas las elecciones y ante los próximos comicios autonómicos y locales recuerda a los partidos que sus peticiones pasan por que se reconozca el impacto positivo de la actividad cinegética como aprovechamiento natural sostenible y herramienta imprescindible de gestión de los ecosistemas españoles, de conservación del medio natural y de mejora de la biodiversidad.
Además, quiere que los partidos defiendan el valor "estratégico" de la actividad como instrumento "fundamental" de gestión del territorio y como sector "dinamizador multisectorial" para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, como actividad generadora de empleo que fija la población.
Entre sus reivindicaciones a los partidos políticos, insta a que la caza sea declarada como Bien de Interés Cultural en las zonas rurales españolas y a contribuir a mejorar su imagen, promocionar sus beneficios socieconómicos y medioambientales y como actividad deportiva saludable.
De nuevo recuerda una de sus reivindicaciones más antiguas a los políticos como es la integración de una licencia interautonómica de caza en todas las comunidades y asegurar la participación del sector en el diseño o modificación de las directivas europeas, como la Política Agrícola Común.
En esta línea, reclama a los partidos que fomenten la economía y el empleo en las zonas rurales desfavorecidas, dada la importancia de la caza para las regiones rurales y que se destinen recursos para proyectos de la actividad cinegética sostenible en sus distintos aspectos, en especial, la mejora de hábitats y especies.
Por último, también piden modificar el Reglamento de Armas bajo el consenso y pleno acuerdo de todos los sectores e incluir como delito de odio en el Código penal los insultos y amenazas contra los cazadores en redes sociales y ejercer una "defensa activa" de actividades tradicionales como el silvestrismo.