La Concejalía de Hacienda llevará a la Comisión Informativa de Hacienda la propuesta de derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por tenencia de animales de compañía (especie canina) aprobada en 2020.
El cobro de esta tasa genera pérdidas, los costes administrativos de gestión que conlleva el padrón de perros, a consecuencia de las numerosas variaciones que sufre (cambios de domicilio fiscal, ventas, donaciones, extravíos, muertes del animal, etc) raramente son comunicadas al Ayuntamiento y causan una elevada ligitiosidad (impagos, embargos, interposición de recursos, ingresos indebidos, etc), con el consiguiente y elevado coste administrativo de tramitación.
A pesar de que en 2022 la recaudación fue muy inferior a lo presupuestado, en 2023 volvieron a incrementarse las cifras de previsión de recaudación. El porcentaje de recaudación apenas alcanzó el 27% de lo presupuestado, bajando un 3,9% respecto a la recaudación líquida en 2022.
En 2022 y 2023 las previsiones iniciales de este ingreso se fijaron en 24.000 € y 30.000 € respectivamente, unas previsiones claramente infladas, pues la recaudación líquida sólo fue de 8.625,29 € y 8.289,00 € respectivamente.
En 2023 descendió el número de recibos en 158 con relación al 2022. El número de recibos impagados en 2022 fueron una media de 880 anuales, el 51,08 % de los girados (1.723).
En 2023 los recibos impagados fueron una media de 804 anuales, el 51,37 % de 1.565. Los costes de tramitación fueron de 10.507,32 € en 2022 y de 10.374,29 € en 2023. El coste de las notificaciones de los recibos impagados fue en 2022 de más de 3.600 € y de 4.500 € en 2023.
A ello hay que sumar los costes de la empresa técnica de asistencia a la recaudación y de los trabajadores municipales (7.434,73 € en 2022 y 5.863,96 € en 2023). En 2022 y 2023 se produjeron 880 y 728 deudas en ejecutiva respectivamente, de las cuales 541 pasaron a fase de actuaciones de embargo.
En definitiva, la tasa ha generado más inconvenientes que beneficios, con repercusiones negativas al Ayuntamiento y a los propios ciudadanos, que se pretenden eliminar con su derogación.
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