Este sábado se volvían a concentrar, en esta ocasión en Tábara, para mostrar su rechazo a un nuevo proyecto, que plantea una instalación con capacidad para 6.000 cabezas de cebo en este municipio, y que se sumaría a las granjas proyectadas en Pozuelo y Faramontanos.
Como un goteo, lento pero constante, los ayuntamientos van recibiendo proyectos de instalación de granjas intensivas de porcino. Y la comarca de Tábara se ha convertido en un destino preferente para el sector industrial porcino, debido a su elevada despoblación. Mientras, la Junta de Castilla y León deja hacer, se encomienda a la laxa normativa y confía en las buenas prácticas de los agricultores y empresarios, tanto para la gestión de los purines como de las propias granjas.
“Para nosotros, vecinos de la comarca de Tábara, no son suficientes ni la normativa regional, ni las directivas europeas ni la confianza ciega en empresarios y agricultores. De hecho, el propio Procurador del Común recomienda al Gobierno regional incrementar los controles para minimizar el impacto medioambiental de las granjas, mejorar la gestión de los purines y vigilar periódicamente las instalaciones para garantizar que operan, en todo momento, con las técnicas más avanzadas y menos contaminantes”, aseguran los vecinos.
Por ese motivo, la Asociación Pueblos Unidos lleva reclamando, desde sus orígenes, que los ayuntamientos tomen cartas en el asunto y, dentro de sus posibilidades, contribuyan a liberar a sus municipios de los perjuicios medioambientales, económicos y sociales de las granjas industriales porcinas. Si no lo hace la Junta, que lo hagan los ayuntamientos, han exigido siempre, sabiendo que su margen de maniobra es limitado, pero existe y así se ha demostrado.
En Tábara, como en otros municipios de Zamora, ya se ha diseñado una ordenanza municipal para regular la gestión de los purines, poniendo limitaciones al libre esparcimiento, “ante la pasividad de la Junta de Castilla y León”. “No se trata de poner trabas a la ganadería extensiva (que quedaría fuera de las limitaciones de las ordenanzas) sino de controlar los efectos nocivos de las granjas industriales porcinas, protegiendo el medio natural de nuestros pueblos”, agregan.
El comunicado añade: “Y mientras los ayuntamientos elaboran sus ordenanzas municipales, más restrictivas que la normativa regional, a petición de los propios vecinos, determinados colectivos alzan la voz, malmeten y tratan de confundir a la población. Por ese motivo, le pedimos a la Junta de Castilla y León que promueva una política agraria y ganadera sostenible y no excluyente. Y en la que quepamos todos, también comerciantes, industriales y hosteleros, a los que las granjas de porcino industrial les van a hacer un flaco favor”.
En el acto celebrado este sábado en Toro, desde la plataforma leían: “Exigimos a la Junta que no atienda solo a las reclamaciones de colectivos que defienden únicamente sus intereses económicos. Que escuche a los vecinos y no frene acciones municipales como las ordenanzas reguladoras de la gestión de los purines, con las que los ayuntamientos quieren proteger a sus pueblos frente a una invasión que no genera riqueza alguna, que agotará nuestros campos y que condicionará gravemente el futuro económico de las explotaciones agrícolas y ganaderas tradicionales”.
Y es que a juicio de este grupo de vecinos: “El futuro del medio rural no pasa por llenar nuestros pueblos de granjas industriales porcinas, aunque los cerdos no tengan cartilla sanitaria y así sea mucho más sencillo cerrar consultorios médicos. Si queremos luchar contra la despoblación debemos apostar por un desarrollo sostenible e inclusivo”.
Desde la Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara no criminalizan a agricultores y ganaderos, “sino a esas industrias porcinas que pretenden sacar el máximo beneficio de territorios aquejados por la despoblación, sin preocuparse del daño medioambiental y económico que generen. Llegan, producen, se enriquecen y, cuando se agotan, se van con la música a otra parte. Y el daño queda aquí, en Zamora, en la comarca de Tábara, sin que la Junta haya hecho nada para cumplir con su obligación de garantizar un medio ambiente ecológicamente sostenible y equilibrado”, zanjan.
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