La alcaldesa La Bóveda de Toro, María Jesús Riesco, ha respondido al comunicado que el pasado 30 de diciembre emitían hasta cinco concejales de la corporación municipal que preside: tres del Psoe, y dos del Partido Popular.
En el citado comunicado, el Psoe acusaba a la regidora municipal de gobernar de forma ''dictatorial'' y a base de decretos. Asimismo, señalaban que desde 2021 no habían sido aprobados unos nuevos presupuestos.
Ante estas acusaciones, la alcaldesa ha señalado que el presupuesto correspondiente al año 2022 se elaboró en tiempo y forma y que tras ser puesto a disposición de la oposición se llevó a pleno el 29 de diciembre de 2021 para su aprobación, teniendo como respuesta una negativa a debatirlo utilizando la ''excusa'' de tener que estudiarlo.
Sin haber sido aprobado antes del 31 de diciembre, el 1 de enero de 2022 por imperativo legal se prorroga, de forma automática, el presupuesto del año anterior.
En segundo término, relativo al presupuesto para 2023, la alcaldesa señala que ''no se ha podido presentar como consecuencia de una baja médica del secretario interventor titular y carecer de otro habilitado que le sustituyese''. Ante esta situación, la alcaldesa asegura que ''aunque se ha solicitado a la Junta un secretario interventor, no se incorporará hasta enero de 2023, por lo que resulta imposible elaborar e informar del presupuesto municipal para el ejercicio de 2023''.
Asimismo, en relación a los últimos hechos acontecidos, señala que tras solicitar el pasado 16 de diciembre los cinco concejales díscolos un pleno extraordinario para la aprobación del presupuesto del año 2023, la alcaldesa solicita al Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación de Zamora un secretario interventor para que asista al pleno fijado para el 27 de diciembre. En este pleno, la alcaldesa apostilla que ''por las razones de hecho y de derecho expuestas no hay presupuestos que presentar y mucho menos que aprobar por lo que, de forma automática, se prorrogan de nuevo los presupuestos con todas las consecuencias legales y administrativas.
Por último, en alusión a las ''injustas, inciertas y ofensivas'' afirmaciones vertidas por los concejales en las que se asegura que gobierna ''a golpe de decretos y modificaciones presupuestarias arbitrarias, realizadas solo y exclusivamente para su ego personal y beneficio propio'', María Jesús Riesco señala a que esta situación es debida a que dos concejales de su partido, uno de ellos exalcalde del municipio durante 16 años, intentan boicotear la labor de la alcaldesa, formando oposición desde agosto de 2020 y dejando a la primera edil gobernando en minoría junto a otra concejal del Partido Popular.
En cuanto al uso de decretos, señala que se refiere de una potestad que la ley reconoce a los alcaldes y que ''si en el Ayuntamiento de La Bóveda de Toro no tuviéramos concejales tránsfugas no hubiera sido utilizar este recurso legal''.
Respecto a las modificaciones de crédito, defiende que son variaciones que se llevan a pleno, porque la ley establece que así sea, para ser aprobadas por los concejales y adecuar esa modificación a las necesidades que se produzcan durante la ejecución del presupuesto.
Por todo ello, la alcaldesa asegura haber cumplido escrupulosamente la ley y las normas municipales, también en materia presupuestaria, no realizando gastos descontrolados ni modificaciones de créditos arbitrarias.