Ahora Decide explicaba este jueves que la Junta de Castilla y León está remitiendo a los ayuntamientos de nuestra provincia actas de denuncias por infracciones en materia de las medidas de prevención contra la Covid-19 por falta de uso de mascarillas, en aplicación del Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.
“Consideramos que imponer a los ayuntamientos esta carga que no entra dentro de sus competencias ordinarias supone un perjuicio para estos, al verse obligados a tramitar expedientes sancionadores, algo infrecuente en la práctica diaria de los municipios, pese a todas las obligaciones de distintos ámbitos con las que ya cuentan, escasez de personal, y con una creciente carga de trabajo que ahora se ve incrementada al obligarles a estos a hacer el trabajo que consideramos que debería hacer la Junta de Castilla y León”, explican desde esta formación.
En la nota de prensa hecha pública añaden: “Otro problema es que en los pueblos pequeños, en los que todo el mundo se conoce, para las autoridades municipales trasladarles la carga de tener que imponer sanciones a sus vecinos, con los que en muchas ocasiones se mantiene una relación de amistad o familiar, puede suponer para estas autoridades problemas para su ámbito personal. La gestión por los ayuntamientos de estas denuncias puede suponer para quienes las resuelven el ganarse enemistades de personas con las que mantienen relación vecinal”.
“No estamos ni mucho menos en contra de que se denuncien y sancionen las faltas de civismo por no utilizar la mascarilla, pero sí creemos que quien debe tramitar estos expedientes sancionadores es la Junta de Castilla y León, y no los ayuntamientos”, finalizan.