La entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil supondrá, a juicio de Ahora Decide, una discriminación para los vecinos de los pueblos, que deberán desplazarse muchos kilómetros, o gastar dinero en delegar en gestores o abogados, para realizar tareas que ahora pueden hacer de forma muy rápida en los Registros Civiles de sus ayuntamientos, principalmente las inscripciones o la solicitud de certificados.
Se prevé también otras perdidas de competencias como la gestión y tramitación de nacionalidades por residencia, la gestión y tramitación de matrimonios civiles, la gestión y tramitación de expedientes de filiación o la eliminación de actividades ahora definidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Por tanto, Ahora Decide pide que los ayuntamientos sigan prestando sus servicios como vienen haciendo desde 1871, manteniendo en cada municipio abierta la oficina de Registro Civil y permaneciendo los libros en sus dependencias por formar parte de su patrimonio documental.