El objetivo es garantizar el suministro de agua potable y dar respuesta inmediata a episodios de desabastecimiento ocasionados por causas sobrevenidas, como falta de caudal, contaminación en las fuentes de suministro o averías en los sistemas de abastecimiento y saneamiento.
La Junta de Castilla y León financiará el 50 % del coste derivado de estos servicios, con un máximo de 100.000 euros para cada diputación provincial hasta el 31 de agosto de 2019. El otro 50 % restante del coste de las obras y suministros será financiado por las propias diputaciones provinciales y ayuntamientos beneficiados.