"España ha sido golpeada duramente por el COVID-19, con más de 300.000 casos, 28.498 muertes confirmadas, y alrededor de 44.000 muertes en exceso, hasta el 4 de agosto. Más de 50.000 sanitarios han sido infectados, y casi 20.000 muertes fueron en residencias de ancianos. Estos datos sitúan a España entre los países más afectados. España tiene uno de los sistemas de salud con mejor desempeño en el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que España se encuentre ahora en esta posición?", se preguntan los autores en un artículo publicado en la revista científica 'The Lancet'.
Entre los firmantes destacan Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa; Rafael Bengoa, ex consejero de Salud vasco y asesor de la reforma sanitaria del presidente de Estados Unidos Barack Obama; Carme Borrell, gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB); o Daniel Prieto-Alhambra, farmacoepidemiólogo de la Universidad de Oxford (Reino Unido.
Según esgrimen, las "posibles explicaciones" a la mala situación de España frente al COVID-19 pese a la fortaleza de su sistema sanitario es "la falta de preparación para la pandemia (es decir, sistemas de vigilancia deficientes, escasa capacidad para realizar pruebas de PCR y escasez de equipo de protección personal y de cuidados críticos), una reacción tardía de las autoridades centrales y regionales, lentitud en los procesos de adopción de decisiones, altos niveles de movilidad y migración de la población, escasa coordinación entre las autoridades centrales y regionales, escasa dependencia del asesoramiento científico, envejecimiento de la población, grupos vulnerables que sufren desigualdades sanitarias y sociales y falta de preparación en los asilos".
"Estos problemas se vieron exacerbados por los efectos de un decenio de austeridad que había agotado el personal sanitario y reducido la capacidad de la salud pública y del sistema de salud", añaden, por lo que ven necesario "realizar una evaluación exhaustiva de los sistemas de atención sanitaria y social para preparar al país para nuevas oleadas de COVID-19 o futuras pandemias, identificando los puntos débiles y fuertes y las lecciones aprendidas".
En este contexto, abogan por una "evaluación independiente e imparcial" en tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico, y capacidad operativa. "Además, se deben tener en cuenta las circunstancias sociales y económicas que han contribuido a aumentar la vulnerabilidad de España, incluido el aumento de las desigualdades", añaden.
En concreto, abogan por revisar "las funciones de salud pública, el liderazgo y la gobernanza, la financiación, la fuerza de trabajo sanitaria y social, los sistemas de información sanitaria, la prestación de servicios, el acceso al diagnóstico y el tratamiento, el papel de la investigación científica y la experiencia y los valores de las personas, las comunidades y los grupos vulnerables".
Los autores puntualizan que esta evaluación "no debe concebirse como un instrumento para repartir culpas". "Más bien debería identificar las áreas en las que es necesario mejorar la salud pública y el sistema de atención sanitaria y social. Aunque este tipo de evaluación no es habitual en España, varias instituciones y países, como la Organización Mundial de la Salud y Suecia, han aceptado la necesidad de tal examen como medio para aprender del pasado y prepararse para el futuro", insisten.
En última instancia, instan al Gobierno a que considere esta evaluación como "una oportunidad que podría conducir a una mejor preparación para la pandemia, a la prevención de muertes prematuras y a la construcción de un sistema de salud resistente, con la evidencia científica como eje central".