El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso emplazando al Gobierno a tomar medidas como aprobar una estrategia anticorrupción, cambiar el sistema de elección del fiscal general del Estado y regular los lobbies para cumplir con el último informe europeo sobre el Estado de Derecho.
En su proposición no de ley, que el PP quiere debatir en el Pleno del Congreso, se recuerda que el Informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de 2024 relativo a España pone de manifiesto que nuestro país tiene "un amplio margen de mejora" para que el Estado de Derecho pueda seguir prosperando.
Según el Grupo Popular, el informe indica que persisten problemas como "la falta de independencia judicial, la debilidad en la lucha contra la corrupción, las restricciones a la libertad de prensa, la dificultad en el acceso a la información, la falta de contundencia para robustecer las normas sobre conflictos de intereses, el nulo avance en la regulación de los grupos de interés, la falta de respeto a los procedimientos parlamentarios y el abuso de los decretos, y el deterioro de las instituciones democráticas".
LAS DEFICIENCIAS AFECTAN A LA ECONOMÍA Y A LA SEGURIDAD
También destaca "con preocupación" que todavía no se haya elaborado una estrategia global destinada a prevenir y combatir la corrupción, a la que está obligado por Ley, y avisa de que las deficiencias detectadas "inciden en la economía y en la seguridad, socavan la justicia y pulverizan el bienestar de la sociedad y la buena concepción que los ciudadanos puedan tener sobre las instituciones democráticas".
Por ello, y para cumplir con Europa, el Grupo Popular reclama en primer lugar reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adecuar los requisitos de elección y el tiempo de mandato del fiscal general a las normas europeas sobre independencia y autonomía del Ministerio Fiscal.
También exige "endurecer las penas por los delitos de malversación de fondos públicos" y "aprobar y remitir con carácter urgente la estrategia global de España para prevenir y combatir la corrupción", así como un "proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés" y otro de Información Clasificada que tenga en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.
Igualmente, insta a "corregir la excesiva utilización del procedimiento de urgencia en la tramitación de textos legislativos y revertir el abuso de la utilización de los reales decretos-leyes", y a respetar el marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior.
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