De este modo, el magistrado ha reanudado el plazo de presentación de reclamaciones de anulación de la cláusula de gastos hipotecarios de un préstamo comercializado por alguna de estas cuatro entidades y la restitución de las cantidades hasta finales de año.
En diciembre de 2015, la sala de lo Social del Tribunal Supremo ya declaró abusivo que los clientes tuvieran que afrontar, obligatoriamente y sin negociación previa, todos los gastos en una sentencia contra BBVA, a la que, sin embargo, no condenaron a restituir las cantidades recibidas en este concepto.
Asufin calcula que el desembolso medio por estos gastos es de unos 2.000 ó 3.000 euros. La demanda colectiva se refiere a los costes de notaría, registro de la propiedad, impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD), verificación de la situación registral, tasación y gestoría.
Además, amplía el espectro de acción no sólo a los gastos iniciales de constitución de hipoteca, sino también a los de su modificación, subrogación y cancelación.
"El objetivo de la demanda es obligar a los bancos a que cesen en la aplicación de estas cláusulas y devuelvan, además, todo el dinero percibido de forma indebida", ha indicado la presidenta de la asociación, Patricia Suárez, que estima que unos 8 millones de consumidores se han sufrido esta carga.