Los jueces y juezas españoles enviaron a juicio a 108 personas físicas y 38 personas jurídicas por corrupción al concluir un total de 35 causas en 2024, frente a las 185 personas físicas y las 71 personas jurídicas procesadas en 2023, según ha informado este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el desglose que realiza el órgano de gobierno de los jueces consta que Andalucía acumuló el mayor número de personas físicas y jurídicas acusadas: 70 en 12 procedimientos. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 26 procesados en cinco causas. Y, en tercer lugar, Cataluña, que registró 17 personas físicas y jurídicas enviadas a juicio en el marco de dos procedimientos penales.
En Madrid figuran nueve personas físicas y jurídicas procesadas en un total de tres procedimientos. En la Región de Murcia, por su parte, constan cinco procesados en cuatro causas, mientras que en Castilla y León fueron cinco acusados en dos procedimientos.
Además, se registraron tres procesados en una causa en Canarias; dos enviados a juicio en Aragón en dos procedimientos; y dos personas físicas y jurídicas acusadas en un caso de la Audiencia Nacional.
51 SENTENCIAS, 30 DE ELLAS CONDENATORIAS
Entre los datos facilitados por el CGPJ también se incluye el número de sentencias dictadas, que en 2024 alcanzó las 51: 30 fueron condenatorias y 21, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 58,82% de los casos.
Desde el órgano de gobierno de los jueces precisan que entre las sentencias condenatorias, 12 han sido por conformidad, 12 sin conformidad y seis parcialmente condenatorias.
Según explica el CGPJ, la información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y receptación y blanqueo de capitales.
El repositorio, que fue presentado el 12 de enero de 2017, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores -personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera-, que se actualizan de forma trimestral.
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