Facua y la Asociación Española de Consumidores han pedido al Gobierno que extienda a los servicios de telecomunicaciones, financieros, alarmas y seguros la prohibición de los contratos fruto de llamadas telefónicas no solicitadas.
FACUA ha advertido de que los servicios de telecomunicaciones están incluso por delante de los energéticos en número de llamadas comerciales no solicitadas, prohibidas desde junio de 2023. Y recuerda que, según una encuesta de la organización a más de 6.000 consumidores, el 73,5% de los afectados por spam telefónico había recibido en el último mes llamadas con ofertas de telecos.
Mientras tanto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) carece, según Facua, de recursos suficientes para tramitar el "ingente" volumen de denuncias que recibe por todas las irregularidades que son de su competencia, lo que deriva en la caducidad de un número creciente de expedientes. Además, Facua ha detectado casos de denuncias por spam telefónico archivadas de forma injustificada por la AEPD.
Facua ha reclamado que la norma que de momento afectará a la contratación de luz y gas obligue a las energéticas a comunicar a cada nuevo cliente su derecho a cancelar el contrato sin abonar ninguna cantidad si ha sido fruto de una llamada spam.
Facua considera "imprescindible" que para dar por válida un alta telefónica se aporte una grabación en la que el usuario manifieste que fue él quien realizó la llamada o pidió expresamente recibirla. Así, en caso de que una compañía active un contrato sin contar con esa grabación, la denuncia del usuario afectado debería derivar en una indemnización económica para él y una multa para las dos empresas implicadas.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel A. Ruiz, ha recordado que las llamadas telefónicas están ya prohibidas pese a los que "se incumple sistemáticamente la legislación".
La Asociación Española de Consumidores también pide que la regulación del nuevo Defensor del Cliente en los suministros eléctricos no lleve a la práctica similar que se produce en el tema bancario donde sistemáticamente nunca se le da la razón al consumidor por parte de estos "defensores del cliente".