Los deudores concursados se mantuvieron sin variación en los 257 durante el pasado año en Castilla y León en relación al ejercicio anterior, mientras que en España fueron 6.718, un 13,56 por ciento menos, según los datos provisionales de la Estadística del Procedimiento Concursal, publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Ical.
Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en 2020 fueron Cataluña (2.003), Comunidad de Madrid (1.099) y Comunidad Valenciana (947). Estas tres concentraron el 60,3 por ciento del total de deudores concursados. Por su parte, la comunidad con menor número de deudores concursados fue Comunidad Foral de Navarra (33).
Por provincias, disminuyeron los deudores concursados en siete provincias, encabezadas por Zamora, que anotó una caída del 36,36 por ciento, hasta los siete; seguida de Segovia, con un 28,57 por ciento menos, hasta los diez; Ávila, con un 23,08 por ciento menos, hasta los diez; Burgos, con un 17,07 por ciento menos, hasta los 34; Soria, con un 13,33 por ciento menos, hasta los 13; León, con un diez por ciento menos, hasta los 36, y Salamanca, con un 8,57 por ciento menos, hasta los 32. Además, crecieron un 26,32 por ciento en Palencia, hasta los 24, y un 32,88 por ciento en Valladolid, hasta los 91.
En función del tipo de concurso, la gran mayoría fueron voluntarios, 229, frente a 28 necesarios. Mientras, todos, salvo cuatro, se resolvieron a través del procedimiento abreviado. De los 257 deudores concursados, 140 eran personas físicas sin actividad empresarial, mientras que los restantes eran empresas (76 sociedades limitadas, 31 personas físicas, seis anónimas y cuatro más englobada en otras).
En cuanto a la actividad económica principal de empresas concursadas en Castilla y León, 18 se dedicaban a la industria; 12 al comercio al por mayor, y otras 16 al comercio al por menor y vehículos; 13 a la hostelería; siete a actividades administrativas y servicios auxiliares; 13 a resto de servicios; 12 sin clasificar; nueve a la construcción; nueve a actividades profesionales; una a la agricultura; una a actividades inmobiliarias, financieras y seguros; tres al transporte y almacenamiento y tres a información y comunicaciones.
Por lo que respecta al número de trabajadores en nómina, las empresas más afectadas por estos procedimientos fueron las compañías con entre uno y dos empleados con 29 casos, seguida de las 25 para las que no tiene ninguno y las 24 que hubo entre las sociedades con entre tres y cinco asalariados.