Reconocer el problema es el primer paso. Prohibir el acceso de quien lo admite, el siguiente. Un total de 303 personas solicitaron en 2020 su autoexclusión del juego online por su adicción, hasta alcanzar los 3.406 en Castilla y León, una cifra que supone aumentar en un 9,76 por ciento el número de personas inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ). El incremento es inferior a la evolución nacional, donde 6.042 pidieron formar parte de esta lista y salir de esta adicción. En España, ha 56.329 personas actualmente registrados a 31 de diciembre, el seis por ciento de ellos en Castilla y León, según datos del Ministerio de Consumo al que accedió la agencia Ical.
Andalucía es la comunidad con más inscritos en el listado de autoprohibidos: uno de cada cuatro del total de España, seguida de Madrid (17,03 por ciento) y Aragón (9,32). Cuando una persona detecta su adicción al juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en el registro de autoprohibidos, que le impide el acceso a la actividad. Al darse de alta, la administración y las empresas imposibilitan la entrada a portales online donde se puede apostar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos de una acción compulsiva del juego.
Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. La base de datos que depende del Ministerio de Consumo impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las Comunidades Autónomas.
La que más ha crecido a lo largo de 2020 es Baleares, que ha visto incrementado en un 56,9 por ciento el número de personas autoexcluidas respecto a 2019. Le siguen Castilla-La Mancha (23,56) y Murcia (23 por ciento). Por el contrario, las que menos lo hacen son Aragón (6,64 por ciento) y precisamente Castilla y León (9,76).
Por provincias, Segovia es la que anota el mayor crecimiento porcentual de este registro en Castilla y León y la cuarta nacional, con el 28,45 por ciento y 33 personas más, hasta totalizar 149 individuos inscritos en el RGIAJ. Le siguen Ávila, con un 16,51 por ciento de incremento (18 más en 2020) y 127 registrados; Palencia, con un 11,95 por ciento (19 más) y 178 en global; Salamanca, con un 11,69 de aumento (+45) y 430 en total; Zamora, con un 13,45 por ciento más (16 por encima de 2019) y 135 inscritos; Soria, con un 10,98 más (+9), con 91 en el cómputo global; y Burgos, con un 8,96 por ciento más (51 de aumento) y que totaliza 620 en el registro. Cierran la lista Valladolid, que inscribió en 2020 un 7,77 por ciento más de personas (87 más), con 1.207, con lo que representa la cifra absoluta más alta; y León, con un 5,63 por ciento de incremento, el cuarto más moderado de España (+25) y un total de 469.
Interconexión de los registros
El RGIAJ, a día de hoy, sólo muestra los datos de personas que se autoexcluyen del juego online de ámbito estatal y no existe una conexión – a excepción de Castilla-La Mancha– con los registros de las comunidades autonómicas sobre el juego presencial. En la práctica supone que una persona que se haya inscrito en el listado del Ministerio de Consumo no puede acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida. De igual forma, quien se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no puede acceder a un espacio de juego en su autonomía, pero sí puede hacerlo en otra.
El objetivo ministerial es que la inscripción se extienda a todos los registros como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan. Gobierno central y comunidades y ciudades autónomas “avanzan hacia una coordinación total en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias”. En ese sentido, el pasado mes de septiembre se alcanzó un acuerdo para interconectar los registros, con el voto en contra de Cataluña y la abstención de País Vasco y Comunidad Valenciana.
A efectos de protección, cuando se avance en la interconexión, los registros de interdicciones se comunicarán como una única base de datos. En este trimestre, y tras varios meses de diálogo entre las instituciones, el Ministerio de Consumo presentará el proyecto de interconexión de los registros de autoprohibidos.