La Asociación Profesional de la Guardia Civil 'Jucil' ha denunciado el "inmovilismo y el silencio cómplice de sus responsables" ante la "lacra del suicidio" que sufre la Benemérita.
Según anuncian en una nota de prensa, se trata de un inmovilismo premeditado cuya función "no es otra que normalizar unas graves carencias sociales, incluso humanitarias, que son tradición en una institución aferrada a la más rancia y hermética tradición militar llevada al extremo con la aplicación del Código Penal Militar sobre unos agentes cuya función es principalmente policial".
Dicen en esta que el inmovilismo se aferra y se escuca tras un Plan de Prevención varias veces modificado ante su "ineficacia desde su nacimiento allá por 2001 y se obceca en mantener una Asistencia Psicológica jerarquizada y por tanto sometida en su fondo a esa misma tradición militar".
Este silencio, dicen, se extiende "como un manto con la pretensión de tapar cifras tan escalofriantes como los 447 suicidios producidos en el cuerpo entre 1982 y 2018 y que arroja una cifra media de un suicidio cada 26 días.
Ante estas cifras, desde Jucil avisan que lucharán "siempre para acabar con esta lacra que azota sin piedad a la Guardia Civil hasta conseguir cero suicidios, comenzando por una asistencia psicológica externa e independiente, así como unos protocolos internos realmente efectivos en su prevención. Y sin olvidar todas aquellas circunstancias laborales encubiertas que puedan empujar a cualquier compañero a tomar esta fatal decisión".
Para ello exigen la no aplicación del Código Penal Militar, así como una formación adecuada tanto a nivel profesional como psicológico, el reconocimiento del uso de armas como factor de riesgo, la dotación de medios adecuados para realizar su trabajo con total garantía y seguridad, una jornada laboral compatible con la vida familiar y unas retribuciones dignas.
Voces critican el "inmovilismo y silencio de los responsables" ante la "lacra del suicidio" en la Guardia Civil
Desde la Asociación Profesional de la Guardia Civil 'Jucil' han emitido un comunicado en el que exigen la no aplicación del Código Penal Militar, así como una formación adecuada tanto a nivel profesional como psicológico, el reconocimiento del uso de armas como factor de riesgo, la dotación de medios adecuados para realizar su trabajo con total garantía y seguridad, una jornada laboral compatible con la vida familiar y unas retribuciones dignas.
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