Los veterinarios de Zamora, junto con profesionales de otras provincias, han protagonizado una manifestación este miércoles para expresar su desacuerdo con el Real Decreto 666/2023, que regula el uso de antibióticos en animales. Elena Laguno Crespo, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, ha señalado que el Real Decreto fue aprobado "sin contar con nuestra presencia", lo que para el sector veterinario es un grave error. La falta de consulta a los profesionales del ámbito crea un precedente preocupante, especialmente cuando se trata de la salud de los animales.
"Nuestra protesta empezó porque este Real Decreto se hizo sin tenernos en cuenta", afirmó Laguno Crespo. Explicó que, pese a que la Organización Colegial Veterinaria de España presentó alegaciones al Ministerio, "no nos hicieron caso". La presión comenzó a aumentar cuando, a partir del 2 de enero de 2025, se implementará la obligación de registrar todos los datos relacionados con antibióticos en la Plataforma Estatal PresVet, lo que complica aún más el trabajo de los veterinarios.
Según los manifestantes, el sistema actual no está adaptado a las necesidades de los pequeños animales. La plataforma PresVet no contempla todas las especies de animales que los veterinarios tratan, como conejos, cobayas o hurones, lo que genera situaciones complicadas para los profesionales. Además, las sanciones previstas por errores en el registro de datos podrían ascender hasta 1.200.000 euros, lo que ha provocado una gran preocupación entre los veterinarios.
Laguno Crespo destacó también el problema de la prescripción de antibióticos, que ahora debe realizarse siguiendo una jerarquía de clases. "Nos obligan a empezar con los antibióticos de la escala D, y si no funcionan, pasar a los de la C, y si sigue sin haber resultados, a los de la B", explicó. Este enfoque, según los veterinarios, pone en riesgo la salud de los animales, ya que en muchos casos se requieren tratamientos más rápidos y eficaces. La obligatoriedad de realizar un antibiograma, que puede tardar semanas, también aumenta el riesgo de que los animales no reciban la atención necesaria a tiempo.
Otro de los puntos críticos es el suministro de medicamentos. Los veterinarios aseguran que muchos de los antibióticos prescritos no están disponibles en las farmacias, lo que obliga a los tutores a llevarse tratamientos incompletos que no cubren toda la dosis necesaria.
"Nuestro trabajo es proteger la salud pública, prevenir enfermedades zoonóticas y evitar resistencias antibacterianas. Necesitamos que se nos escuche y se respete nuestro criterio profesional", reclamó Laguno Crespo. Los veterinarios exigen una modificación urgente del Real Decreto 666/2023 y que se contemple su experiencia y conocimientos científicos en la toma de decisiones que afectan directamente al bienestar de los animales.
A pesar de las múltiples protestas y peticiones de diálogo con el Ministerio, "no nos han querido escuchar", lamentó la presidenta del Colegio de Veterinarios. Esta falta de respuesta ha llevado a una creciente frustración en el sector, que reclama ser tratado como un actor esencial en la protección de la salud pública.
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