En virtud de este acuerdo, ambas instituciones establecen las pautas de colaboración en el desarrollo de modelos formativos, la elaboración y el diseño de cursos especializados y el uso común de las herramientas, medios y material necesarios para impartir esta formación en red.
El citado convenio, con vigencia de cuatro años renovables, contempla también la cooperación entre las dos partes en materia de gestión del uso compartido de espacios para la realización de pruebas presenciales y actividades académicas o culturales.
En el articulado del protocolo se incluye la constitución de una Comisión Mixta de Coordinación que concretará las acciones específicas a desarrollar y dirimirá las discrepancias y dudas que puedan surgir en la interpretación del acuerdo. Estará formada por cuatro representantes (dos de cada parte) y presidida anualmente por un miembro de cada una, de manera alterna.
La firma de este protocolo se enmarca en las acciones que forman parte del plan estratégico Justicia 2030, articulado en torno a tres ejes fundamentales: el acceso a la Justicia, la promoción de la eficiencia operativa del servicio público de Justicia y la transformación digital.