La Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León envió hoy una carta al gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, para recordarle que han pasado 13 años desde que se aprobó la normativa que establecía el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijaban las enseñanzas mínimas requeridas para su desempeño.
Sin embargo, pese a que ya ha transcurrido un tiempo desde su puesta en vigor, el sindicato denuncia en la misiva que a día de hoy sigue sin reconocerse la categoría profesional de Técnicos en Emergencias Sanitarias por parte de la Junta.
En ese sentido, UGT recordó que en 2018 el entonces gerente indicaba que “esta falta de reconocimiento profesional conlleva a una incertidumbre laboral, en cuanto a las funciones a desarrollar, pues las capacitaciones profesionales entre una y otra titulación no son homologables”. Además, añadía que era “un problema de prestación sanitaria al ciudadano, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de las actuaciones de estos profesionales”.
Por eso, desde la FESP de UGTCYL le recuerdan a Manuel Mitadiel que, “si este problema de los técnicos en Emergencias Sanitarias le preocupaba cuando era procurador del grupo de Ciudadanos, en la actualidad, siendo gerente de Sacyl, está obligado a abordarlo y solicitar al Gobierno autonómico que se reconozca dicha reivindicación de estos grandes profesionales.
Actualmente, los técnicos del sector siguen con la incertidumbre de sus funciones en tiempos de pandemia sin haber abandonado la profesionalidad con la que desempeñan su trabajo habitualmente. De esta manera, se ubican en primera línea de lucha contra el coronavirus sin ningún tipo de reconocimiento. Según el secretario autonómico de Sanidad de la FeSP de UGTCyL, Miguel Holguín, se lo han ganado con creces”.
Además, recuerda el sindicato que estos trabajadores se encuentran en plena negociación del convenio autonómico de Transporte Sanitario, en la que UGT forma parte como sindicato mayoritario. Así, manifiesta su deseo de poder abordar con dicha categoría ya reconocida por la Administración autonómica.
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