Para el sindicato, esta estadística parece apuntar a una "positiva" tendencia de los salarios por hora en España, que sería "más acorde con la larga etapa de crecimiento que atraviesa España desde 2014 y con los elevados márgenes de beneficio que obtienen las empresas desde hace años".
Bajo su punto de vista, en estos resultados han influido, "sin duda", el aumento del salario mínimo a 900 euros en 2019 y la firma en el mes de julio de 2018 del IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
Sin embargo, UGT cree que los datos salariales por hora trabajada que muestra este índice aún no se reflejan de manera consistente en otras fuentes estadísticas, que recogen el salario anual o mensual de los trabajadores.
El sindicato cree que esto es así porque la elevada precariedad laboral ha generado insuficiencia de horas trabajadas que hacen que el sueldo que llega a los hogares siga siendo "muy reducido".
"Temporalidad, rotación y tiempo parcial involuntario se han exacerbado en los últimos años y determinan que el sueldo efectivo que perciben las personas asalariadas sea muy bajo", ha añadido.
Para la organización sindical, es preciso valorar positivamente la reactivación de los salarios por hora, pero considera que para que se consolide y tenga impacto "favorable deseado" sobre el crecimiento económico y la eficiencia empresarial debe ir acompañado de la erradicación de la precariedad laboral y de una extensión del empleo "de calidad y con derechos".
GARANTIZAR LAS CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES SUBCONTRATADOS
Por otro lado, en un comunicado, UGT también ha resaltado que es fundamental garantizar las condiciones laborales de las personas trabajadoras externalizadas o subcontratadas, bien sea a través de la aplicación del convenio sectorial de la actividad ejecutada o del de la empresa en la que presten los servicios, "si fuera más beneficioso".
UGT cree que habría que definir qué se entiende por la "propia actividad" y qué actividades son susceptibles de ser externalizadas, ampliando los derechos de información y participación de la representación legal de los trabajadores en materia de subcontratación, así como reforzando las competencias de la comisión paritaria en esta materia.
Además, ha señalado que la Administración Pública debe contratar empresas que respeten las condiciones laborales de las personas trabajadoras y que, durante la vigencia de los contratos públicos, se rescinda el contrato con las empresas adjudicatarias si no cumplen con los derechos laborales y sociales de dichas personas.