El sindicato ha destacado que la pandemia ha cambiado la previsiones en cuanto al impacto de la automatización en el empleo en España, a la par que "ha acelerado" la tendencia de automatizar una gran parte del trabajo.
En este sentido, el informe 'The future of work in Europe', publicado por la consultora McKinsey, afirma que un "número sustancial de las ocupaciones que probablemente sean desplazadas por la automatización a largo plazo también están en riesgo por la crisis de coronavirus a corto plazo".
En concreto, el estudio refleja que en Europa, alrededor de un 10 por ciento de total de empleo (24 millones de puestos de trabajo) sufrirían esta doble amenaza, que se representaría en forma de reducción de salarios y horas de trabajo, ERTE o despidos permanentes.
La transposición de esta metodología a España, confrontándola con la Encuesta de Población Activa (EPA), muestra que hasta 7 millones de empleos "estarían amenazados" en la próxima década por los efectos de esta pandemia, y a la vez, "corren el riesgo de ser reemplazados por máquinas".
"La distribución de nuestro tejido productivo, excesivamente focalizado en los sectores más indefensos a ambas casuísticas, como la hostelería, el comercio al por mayor/menor o la construcción, hacen que el efecto sea mucho más acusado en nuestro país que en el resto de Europa", ha lamentado UGT.
El documento afirma, en línea con otros publicados por Eurofund o la Comisión Europea, que la demanda de empleos basados en capacidades manuales decaerá un 20 por ciento en la próxima década, mientras que los empleos que exigirán capacidades digitales avanzadas se incrementarán en un 40 por ciento.
En la misma línea, los datos revelados por el Foro Económico Mundial predicen que el 54 por ciento de los trabajadores deberá mejorar su capacitación en el próximo lustro y que, de ellos, el 35 por ciento necesitará seis meses para conseguirlo y otro 10 por ciento precisará de más de un año, el panorama no puede ser más alarmante.
Por todo ello, UGT propone, a corto plazo, desarrollar un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica "que no deje a nadie atrás"; actualizar la educación a las demandas actuales del mercado de trabajo; confeccionar políticas activas de empleo que formen a los trabajadores en las nuevas tecnologías; incluir en la negociación colectiva la necesidad de analizar el impacto en el empleo que trae esta revolución digital; y crear el derecho a la formación continua en el puesto de trabajo para estas herramientas.
A medio plazo, pide reducir paulatinamente la jornada laboral y la vida laboral a medida que el empleo se va automatizando, llegando a las 32 horas semanales (4 días de jornada laboral) sin reducir el salario; y promocionar el empleo en aquellos sectores que se beneficiarían directamente de la reducción de la jornada laboral, como los relacionados con la salud y los cuidados, el ocio o la ecología.
Finalmente, a largo plazo, defiende que hay que desarrollar nuevos impuestos asociados a las nuevas tecnologías, con el fin de repartir "de manera más igualitaria" la riqueza que se genera en la empresa gracias a la inclusión de las tecnologías; y poner en marcha nuevos sistemas de rentas para aquellos trabajadores que no puedan adaptarse a esta nueva realidad.