El presidente del CRACYL, Julio Sanz Orejudo, advierte de que “son los ciudadanos quienes sufren las consecuencias de esta falta de profesionales, y lo sufren en temas tan sensibles como la custodia de sus hijos”. Ante la denuncia del CRACYL, el Tribunal de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha reclamado al Ministerio de Justicia que dote a los órganos jurisdiccionales de equipos psicosociales suficientes para atender la demanda que generan los procesos de familia con menores.
“Son asuntos muy delicados. Siempre que se habla de menores hay que pensar primero en ellos, y los retrasos en la emisión de los informes afectan principalmente a los hijos, pero también a toda la familia”, explica Sanz Orejudo, quien señala que “cuando un proceso de divorcio se alarga, también se alarga el sufrimiento”.
Desde los distintos colegios de abogados de la Comunidad estiman que el retraso medio en la emisión de estos informes supera los seis meses -aunque en la provincia de Ávila sobrepasa el año-, y piden que se creen siete equipos nuevos en Castilla y León. Una reivindicación que abala el TSJCyL, que ha solicitado a la Subdirección General de Medios Personales del Ministerio de Justicia que los órganos jurisdiccionales que conocen las cuestiones de Familia cuenten con “equipos psicosociales especializados en la materia”, como ya existen en los juzgados de Violencia contra la Mujer.
Tanto el TSJCyL como el CRACYL consideran que el hecho de que un partido judicial carezca de población suficiente para la creación de un juzgado de familia -en Zamora, Ávila, Segovia, Soria y Palencia se ocupan de los divorcios los juzgados mixtos, de primera instancia e instrucción- “no debe implicar que sus ciudadanos se encuentren en peor situación”. Además, proponen que “en el caso de que no se pueda crear un segundo equipo psicosocial, se amplíen las competencias de los servicios adscritos a Violencia contra la Mujer, así como sus plantillas”.
Peticiones de informes en el 90% de los procesos
En la actualidad, cuando en un proceso de familia se discute sobre la custodia de menores, en la gran mayoría de los casos se practica esta prueba, cuyo objeto es que un psicólogo y un trabajador social examinen a padres e hijos, y elaboren un informe sobre la alternativa de custodia más conveniente.
Una medida fundamental en la que el juez se auxilia para determinar en cada caso concreto las medidas más adecuadas al interés del menor. Este tipo de prueba puede ser solicitada por las partes, por el Ministerio Fiscal e incluso de oficio por el Juez en los casos de separación, divorcio, modificación de medidas, tutela, adopción o acogimiento.