La Sala Social número uno del Tribunal del Superior de Justicia de Castilla y León emitió una sentencia mediante la que obliga a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a crear 27 puestos de trabajo de competencia funcional para el operativo de incendios y a ampliar los meses de trabajo de unos 40 trabajadores fijos discontinuos.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, Tomás Pérez Urueña apuntó que esta sentencia hace relación a “un nuevo incumplimiento de la Junta ante algo pactado”. En este sentido, explicó que en el 2018 el sindicato alcanzó un acuerdo con la Junta para invertir nueve millones de euros en la ampliación de personal del Operativo Público de Prevención y Extinción de Incendios, a lo largo de varios años, así como para ampliar a seis meses la duración de trabajo del personal que estaba a cuatro meses.
“Para ello, al ser personal público, la Junta debería haber creado las plazas, sacar una Relación de Puestos de Trabajo y publicar la contratación, pero no ha cumplido y ni ha creado la RPT ni ha invertido el dinero presupuestado”, lamentó Pérez Urueña.
Así, “tras dos años de incumplimientos”, el sindicato acudió a los Juzgados, de manera que el Tribunal del Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha “compensar tiempo perdido al personal operativo y cumplir el acuerdo, crear nueve puestos de trabajo por cada uno de los tres años de demora de competencia funcional de operador y ampliar los meses de trabajo para que todos trabajen seis meses”.
Ante esta sentencia, el secretario general de la FeSP UGT de Castilla y León se mostró satisfecho por la decisión del TSJCyL, pero trasladó su temor de que “la Consejería alargue el plazo o cree menos plazas de las que tiene que crear para tenernos entretenidos”.
“Todo esto pasa porque el consejero de Fomento no cree en lo público y quiere privatizar todo el sistema de incendios. Es muy triste firmar una cuerdo entre dos partes y que una, la que representa todos los ciudadanos de Castilla y León se niegue a cumplir y que tenga que ser la justicia la que diga que lo que se firma se tiene que cumplir”, concluyó Tomás Pérez Urueña.