Tal como anunció AEA en el mes de mayo, la asociación planteó este recurso en defensa de los "legítimos" derechos de millones de conductores afectados ya que, a su juicio, la normativa aprobada por el Gobierno, al acortar los plazos de inspección, no obedecía a ninguna razón de seguridad vial y obligaría a millones de personas a tener que realizar anticipadamente una nueva inspección y a pagar dos veces por un servicio "innecesario".
"Así, por ejemplo, un vehículo de diez años que con motivo del Covid-19 no hubiese podido pasar la ITV el día 21 de mayo, tendría la posibilidad de pasarla hasta el 17 de diciembre. Si se aplicaran los plazos habituales, la siguiente inspección se computaría desde ese día 17 de diciembre y tendría que pasarla al cabo de un año (si hablamos de un turismo). Sin embargo, con la nueva norma ese coche tendría que pasar la siguiente inspección a los seis meses (en el mes de mayo, como tenía antes previsto)", ha lamentado el presidente de AEA, Mario Arnaldo.
Arnaldo ha reivindicado que hasta ahora la normativa vigente establecía que el plazo de validez de las inspecciones técnicas se obtendría sumando a la fecha en la que el resultado de la inspección hubiese sido favorable la frecuencia que corresponda a la antigüedad y el tipo de vehículo.
"Sin embargo, los cambios efectuados por Sanidad no contribuyen en nada a mejorar el medio ambiente ni la seguridad vial y solo obedecen a razones económicas con la finalidad de garantizar el cobro de unas tasas dejadas de percibir durante el tiempo que las ITV permanecieron cerradas", han criticado desde AEA.