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Los sindicatos de prisiones denuncian a Instituciones Penitenciarias por la falta de medidas de protección en las cárceles

CSIF reclama refuerzo de personal, medios de protección y que se hagan los test a los funcionarios aislados para que puedan reincorporarse si dan negativo: la tensión crece entre la población reclusa y si no actuamos puede haber graves incidentes, recalca el sindicato.

Herido un trabajador de la cárcel de Topas durante una multitudinaria pelea entre presos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el Ministerio Interior, y el resto de sindicatos representativos en prisiones (CC.OO y acaip/UGT) han presentado una denuncia contra Instituciones Penitencias ante la Inspección de Trabajo por la falta de medidas de protección en las cárceles ante el coronavirus.

Los sindicatos elevan la denuncia por incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y el Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma en todo el territorio nacional.

Dicho incumplimiento se manifiesta en obligar al personal sanitario (facultativos, enfermería y auxiliares de enfermería) y al personal de vigilancia en contacto directo con la población interna, a prestar servicio sin los equipos de protección individual adecuada para trabajar en condiciones de seguridad y salud.

Además, tal y como ha denunciado CSIF desde que comenzó esta situación de crisis, las  medidas adoptadas (suspensión de permisos de salida, comunicaciones en locutorios, vis a vis, entre otras) están siendo un factor desencadenante de tensión, que puede desembocar en incidentes graves contra las instalaciones y la integridad de personas, reclusos y personal penitenciario (de hecho ya se han producido incidentes en Foncalent, Albocaser y Puerto).

Los sindicatos también denuncian que no se garantiza la protección del personal penitenciario de más de 60 años, con patologías previas, mujeres embarazadas o lactantes; y que hay numerosos trabajadores que están en aislamiento domiciliario a los que no se les ha hecho pruebas diagnósticas del coronavirus, causando un perjuicio en la prestación del servicios, entre otros incumplimientos en materia de seguridad.

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