Varios sindicatos han exigido al Gobierno que aprueba un Estatuto Docente que mejore las condiciones del profesorado, tras conocerse los resultados de España en el Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) 2022, publicado esta semana por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los alumnos españoles han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA en Matemáticas en la edición de 2022, también han empeorado sus resultados en Lectura respecto al informe de 2018 pero han mejorado en Ciencia.
Ante estos resultados, ANPE insiste en que "es imprescindible apostar decididamente por la calidad de la enseñanza pública mediante el aumento de la inversión, de forma que se asegure la adecuada dotación de medios y recursos tanto personales como materiales".
Del mismo modo, considera que la atención al profesorado "debe ser prioritaria" y que resulta "imprescindible" legislar un Estatuto Docente que contemple sus derechos y deberes, su valoración y dignificación ante la sociedad, y una verdadera carrera profesional que haga la docencia "más atractiva y motivadora".
Para la organización sindical, la educación "debe convertirse en una verdadera prioridad" para poder abordar con profundidad los cambios y reformas que necesita el sistema educativo y "asegurar el principio de igualdad de oportunidades y de cohesión social en cualquier parte del territorio nacional".
Ante las "grandes diferencias" registradas en el Informe PISA 2022 entre las distintas comunidades autónomas en los resultados, el sindicato exige un Pacto de Estado político, social y territorial "que vertebre el sistema educativo y evite las brechas existentes".
Por su parte, otro de los sindicatos defiende que los resultados de PISA ponen de manifiesto que hace falta "avanzar mucho" en calidad, en equidad y en mejorar los niveles de inversión educativa, fijando un horizonte del 7% del PIB, que permita rebajar las ratios, especialmente en las aulas que escolarizan alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; incrementar las plantillas de profesorado y de todos los perfiles profesionales que contribuyen a mejorar la atención a la diversidad, la convivencia y el bienestar de las comunidades educativas; reducir el horario lectivo del profesorado y evitar su sobrecarga de trabajo; o bajar el número de alumnos por docente y así reforzar su dedicación a aquellas tareas que redundan en una mejora del trabajo en el aula y en los resultados escolares.
Para ello, el sindicato considera que es "imprescindible" en esta legislatura la negociación de un Estatuto Docente que mejore las condiciones del profesorado.
"Nuestro sistema educativo público necesita mejoras estructurales que impliquen un incremento de recursos significativo y permanente para abordar los retos a los que se enfrenta. Todo ello exige iniciativas legislativas decididas y un plan de actuación coordinado entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas", sentencian.
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