El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León ha remitido un escrito al Procurador del Común de esta Comunidad en el que le pide que vele por el derecho que tienen las personas mayores a ser cuidados “con todas las garantías y por personal cualificado para ello”, algo que se está poniendo en peligro tras el intento de publicar a toda velocidad el nuevo decreto que regula la autorización y funcionamiento de los centros para la atención a personas mayores de Castilla y León por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y cuando el TSJ de Castilla y León anuló el anterior decreto.
SATSE pide al Procurador del Común que interceda en beneficio de los mayores de la Comunidad ante el nuevo modelo de atención que a toda costa quiere implantar la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha anulado mediante una sentencia. Sin embargo, esta Consejería, con una rapidez cuanto menos sorprendente, pretende tramitar el mismo decreto introduciendo una pequeña memoria económica “que sigue sin recoger el coste económico que supone la implementación de esta norma para el sistema sanitario de Castilla y León, y que intenta justificar un nuevo modelo de asistencia obviando la realidad existente en Castilla y León referida a los solicitantes de plazas en residencias, los cuales en su mayoría son dependientes y grandes dependientes, ya que nuestros mayores válidos prefieren seguir viviendo en su domicilio o con su familia”, dice SATSE.
SATSE considera que el objetivo es que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y asegurar el negocio a las residencias de ámbito privado, cuando va en detrimento de la calidad del servicio a los ancianos de Castilla y León, que son la parte más débil e indefensa de la sociedad.
En su escrito, SATSE explica que su “preocupación como agente social es la deriva que está llevando el negocio cada vez más lucrativo de las residencias de mayores”. Frente a una población cada vez más longeva y con una mayor dependencia, que requieren cuidados y asistencia profesional las 24 horas del día, “se pretenden implantar normas que obvian la necesidad de profesionales sanitarios para la atención de los residentes, abaratando así los costes privados mientras se satura la sanidad pública, sobre todo la atención primaria, con cargo a fondos públicos. En definitiva, mayor beneficio privado, mayor gasto público y peor calidad de servicios prestados”, cita este Sindicato.
SATSE dice comprobar que “se está aumentando la inversión privada en residencias geriátricas, sobre todo de grupos de inversión no nacionales, porque no podemos obviar que nuestra población está cada vez más envejecida y las familias no pueden asumir en muchas ocasiones la atención y los cuidados que necesitan. Pero el hecho de que sean grupos de inversión, cuyo único objetivo es el económico, y tratándose de un sector de la población tan vulnerable, se debe salvaguardar, de la forma más estricta posible”.
SATSE alerta de que el pilotaje de la nueva regulación que se pretende implantar en Castilla y León, el proyecto “Mi casa”, supone una pérdida de 4 camas en las residencias públicas por cada módulo existente, de manera que cuando se termine de implantar en todas las residencias públicas, se dará la paradoja de que existiendo un importante déficit de camas en las mismas, y en consecuencia, una significativa lista de espera, se eliminarán cientos de camas del sistema sociosanitario público. Sólo en la Residencia de Asistidos de Valladolid, RASVA, cuando finalice la implantación de este modelo, la pérdida será de 64 plazas de residentes.
Además, SATSE señala que cuando el borrador de decreto estuvo expuesto en el Portal de participación Ciudadana de la Junta de Castilla y León, recibió más de 3.000 comentarios en contra, cuando la media es de 10 ó 15 comentarios, lo que indica que la Consejería de Familia quiere desarrollar ese nuevo modelo en contra de la opinión de los castellano y leoneses.
Segundo escrito al Procurador del Común
SATSE Castilla y León ha remitido un segundo escrito al Procurador del Común transmitiéndole la precariedad laboral que padecen las enfermeras que trabajan en los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales y, por tanto, de la Consejería de Familia, y que la citada Gerencia hace caso omiso a la sentencias judiciales.
Así, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido en una sentencia el derecho de las enfermeras de los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales (residencias y CAMP) a que se les compute el tiempo dedicado a transmitir la continuidad asistencial que se lleva a cabo fuera de su horario establecido de trabajo como jornada laboral, con el objeto de recibir y transmitir la información considerada relevante desde un punto de vista clínico a los compañeros de los turnos entrante y saliente, garantizando así la continuidad de cuidados de los pacientes y usuarios a su cargo.
Tras esta sentencia, la Gerencia de Servicios sociales ha manifestado que no tiene intención ninguna de realizar dicha compensación de oficio, a pesar de existir un sistema de cómputo horario que recoge el exceso de jornada invertido por los enfermeros para asegurar la continuidad de cuidados. Además, el Tribunal Supremo reconoce el tiempo dedicado a asegurar esa continuidad asistencial como función inherente a la categoría enfermera, estableciendo que, como tal, debe ser compensado.
SATSE afirma en su escrito que “nos encontramos con que los enfermeros que realizan turno de noche, ya que sólo un profesional de esta categoría atiende por la noche a una media de 200 usuarios en estas residencias, no pueden disfrutar del descanso estipulado en el convenio, constituyendo un agravio comparativo con el resto de categorías de la Gerencia de Servicios Sociales”.
Además, estas cuestiones “no son conflictos puntuales aislados, puesto que constantemente observamos cómo estos profesionales enfermeros están siendo atacados en sus derechos laborales”. Es el único organismo de la Junta de Castilla y León que no tiene regulada una ponderación de jornada en función de las noches trabajadas, que compense la penosidad y los riesgos que conlleva el turno rotatorio o nocturno, tal y como aconseja el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Todo ello, unido a que los trabajadores pertenecientes al grupo A (titulados universitarios) de esta Gerencia son los peor remunerados de la Junta, conduce a que, cada vez con mayor frecuencia, esta Gerencia encuentre más dificultades para cubrir las ausencias de los enfermeros, dando lugar a cambios constantes de las planillas de trabajo, por la necesidad de mantener la cobertura del servicio, que complica la conciliación familiar de este colectivo, apunta SATSE.
Además, SATSE alude a que el trabajo de los enfermeros de Servicios Sociales no se limita a prestar asistencia a los usuarios de estas Residencias, si no que desde hace cuatro años existe un convenio de la Gerencia de Servicios Sociales con SACYL, por el que se crearon las llamadas unidades de convalecencia dentro de las propias residencias, en las que se atienden a pacientes provenientes de ingreso hospitalarios con patologías complejas y que no pueden ser derivados a sus domicilios ya que requieren cuidados especializados, ello sin incrementar la dotación de enfermeros ni realizar una nueva valoración de los ratios establecidos.
SATSE pide que Familia no apruebe el decreto de las residencias de ancianos “a toda velocidad”
El Sindicato de Enfermería cree que se debe proteger el interés de las personas mayores, la parte más débil de la sociedad, a la vez que en un segundo escrito al Procurador del Común alerta de las condiciones laborales penosas que padecen las enfermeras de los centros de Servicios Sociales.
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