El Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia que, transcurridos cerca de dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto de prescripción enfermera, Castilla y León está “torpedeando” el avance profesional de las enfermeras y enfermeros, al no haber regulado aún la acreditación que necesitan para poder indicar y usar medicamentos.
SATSE subraya que es injustificable que se siga retrasando la regulación necesaria para que, una vez acreditadas, las enfermeras y enfermeros del Servicio de Salud puedan indicar y usar medicamentos con todas las garantías y seguridad jurídica. “Están constatando un nulo interés por propiciar el desarrollo de la profesión, así como la mejora de la agilidad y calidad en la atención sanitaria”, añade.
En concreto, y a pesar de las reiteradas reclamaciones del Sindicato al respecto, la Consejería de Sanidad de Castilla y León no ha cumplido aún con el requisito de acreditar a las enfermeras y enfermeros.
”Por una clara falta de voluntad de la Dirección General de Salud Pública, se está obstaculizando el desarrollo profesional de las enfermeras y enfermeros. No han tenido ni uno, ni dos, ni tres meses, sino dos años, y siguen mirando para otro lado mientras que las enfermeras y enfermeros de Castilla y León siguen trabajando sin poder desarrollar todas sus competencias, en perjuicio de los pacientes”, apuntan.
“Somos conscientes de que hemos vivido unos meses muy duros durante la fase de emergencia sanitaria por la Covid-19, pero tanto antes de los mismos como después se podía haber regulado la acreditación, al tratarse de un procedimiento administrativo sencillo que, además de mejorar la atención y cuidados a la población, conlleva un avance profesional muy importante para todas las enfermeras y enfermeros”, apuntan desde la organización sindical.
Este retraso es solo un aspecto más de la falta de reconocimiento que muestra la Consejería de Sanidad de Castilla y León hacia la profesión enfermera y que supone un escollo más en el desarrollo profesional de las enfermeras en esta Comunidad. Sus profesionales son los que tienen las retribuciones más bajas del país, a la cola de todas de las comunidades autónomas, y esto se suma a unas malas condiciones laborales que les obligan a marcharse a trabajar a otras autonomías.
Además, las bolsas de empleo de esta categoría en Castilla y León no son ágiles y tardan en actualizarse, lo que impide su funcionamiento correcto y hace que aumente la fuga de profesionales a otros servicios de salud, como SATSE Castilla y León viene reiterando desde hace tiempo.