El déficit de médicos especialistas en Atención Primaria –médicos de familia y pediatras- es una realidad que afecta a todos los servicios de salud autonómicos. Los errores en la planificación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, en particular en la estimación de necesidades de especialistas, han conducido a un desajuste entre la disponibilidad de especialistas y las necesidades de cobertura en la Atención Primaria.
Solucionar este problema requiere de decisiones de diverso tipo. Algunas dependen del ejercicio de competencias del Ministerio de Sanidad, que ya han sido trasladadas a sus responsables: convocatoria extraordinaria de plazas MIR en Medicina Familiar y Comunitaria; incremento de plazas MIR en diversas especialidades; acreditación de nuevas plazas de formación; agilidad en la homologación de títulos de especialistas extracomunitarios; equivalencia entre graduados en Medicina y plazas MIR.
Otras soluciones dependen directamente del Gobierno de la Comunidad. Por ello, la Consejería de Sanidad propondrá a la Junta de Castilla y León la aprobación de un Decreto Ley de medidas urgentes en materia de sanidad estructurado en cuatro títulos, nueve artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una derogatoria y dos disposiciones finales.
Los cuatro títulos en torno a los que gira son los siguientes: el I se refiere a las medidas en materia de productividad de los profesionales de los centros e instituciones sanitarias de Sacyl; el título II regula las medidas para el reconocimiento y la provisión de los puestos de difícil cobertura en el ámbito de la Atención Primaria; el título III se refiere a las medidas en materia de fidelización de los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria, aplicables, con carácter excepcional, en los años 2019 y 2020; y el título IV hace referencia a las medidas de implementación de servicios de transporte a la demanda en los casos en que fuera preciso para poder garantizar la accesibilidad de la Atención Primaria.
Así pues, se regulan, en primer lugar, medidas en materia de productividad. Se pretende la incentivación de los profesionales de Sacyl, vinculando esta productividad a los objetivos asistenciales de los centros incluidos en el Plan Anual de Gestión. Globalmente, estos incentivos ascenderán a 36 millones de euros y se concretarán en los distintos centros de gestión mediante un ‘Pacto de Objetivos’ donde se determinarán los aspectos concretos que del Plan de Gestión afecten a cada Servicio, Unidad o Equipo, y se definirán las metas a alcanzar, los parámetros de evaluación y la verificación de su grado de cumplimiento. Se recupera, así, este instrumento de incentivación de los profesionales, que fue paralizado en 2012 como consecuencia de la situación económica de la Comunidad.
Difícil cobertura
Se regulan, en segundo lugar, en el título II de este Decreto Ley, las medidas para el reconocimiento y la provisión de los puestos de difícil cobertura en el ámbito de la Atención Primaria en la Gerencia Regional de Salud.
El déficit de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria genera dificultades de cobertura de algunos puestos de trabajo en determinadas zonas, dificultades que derivan de sus características territoriales y demográficas -en particular factores vinculados a la lejanía, dispersión de la población y bajo número de pacientes asignados-. Se trata, pues, de incentivar la cobertura de estos puestos.
Se tendrán en cuenta para calificar un puesto como de difícil cobertura la distancia desde el centro de salud al hospital de referencia; el tiempo semanal empleado en los desplazamientos; el grado de dispersión geográfica y los accesos adversos. Según estos criterios, se puntuarán los puestos y se declararán, en su caso –si cuentan con una puntuación igual o superior a siete puntos con los baremos establecidos-, de difícil cobertura.
A través de esta norma se establecen también una serie de medidas incentivadoras, entre las que se incluye el reconocimiento del complemento de garantía asistencial, destinado a remunerar al personal que desempeñe estos puestos, especialmente para las categorías y profesiones con déficit de profesionales. Dicho complemento será de 6.000 euros anuales para los profesionales del grupo A1; de 1.300 euros anuales para los pertenecientes al grupo A2 y de 300 euros anuales para las categorías C1 y C2, así como para otras agrupaciones profesionales.
Otras medidas son: la flexibilización del horario; la disponibilidad en los llamamientos temporales de interinidad en las bolsas de empleo temporal, siempre que el profesional lleve más de un año desempeñando dicho puesto; la valoración como mérito en la carrera profesional, considerándose como cooperación con el Servicio de Salud; la prioridad en la participación en las actividades de formación, y la prioridad de los centros e instituciones sanitarias a los que estén adscritos puestos de difícil cobertura en los proyectos piloto o de investigación.
Contratos de tres años
El título III hace, por su parte, referencia a las medidas en materia de fidelización de los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria.
Con esta medida se mantiene además el vínculo con los especialistas que han finalizado su residencia y desean formar parte de la sanidad de Castilla y León, con un vínculo más prolongado en el tiempo y en esas situaciones en las que la cobertura asistencial se hace más necesaria.
Así pues, con carácter excepcional, durante los años 2019 y 2020 se podrán realizar anualmente nombramientos eventuales a todos los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria que hayan finalizado su residencia en los tres años anteriores a la fecha del nombramiento por un periodo de dos años prorrogable, en su caso, por un año más. Posteriormente, se realizará un estudio y valoración sobre si procede la creación de una plaza en la plantilla orgánica.
Por último, el título IV recoge medidas de puesta en marcha de servicios de transporte a la demanda en los casos en los que fuera preciso para poder ofrecer la cobertura asistencial oportuna en aquellos supuestos en los que no fuera posible hacerlo en los consultorios locales por carencia de profesionales. Se modifica para ello la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Catilla y león, añadiendo en la misma una Disposición adicional única que regula esta materia.
Con esta medida se posibilita el desplazamiento del usuario al centro de salud o a otro consultorio de la Zona Básica de Salud mediante un transporte a demanda que resultará gratuito para el usuario.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha destacado durante la rueda de prensa en la que ha informado sobre este Decreto Ley que estas medidas complementan a otras ya adoptadas en previsión del problema de déficit de especialistas. Entre ellas destaca la prolongación en el servicio activo de todos los profesionales que lo solicitan una vez cumplida su edad de jubilación, que en los últimos años ha permitido mantener su actividad al 30 % de los médicos de familia y pediatras que cumplieron 65 años. También la habilitación para la contratación de especialistas que no cuenten con el requisito de nacionalidad. La Ley de Medidas de 2017 permitió superar una situación que no permitía que los médicos que terminaban su especialidad no podían trabajar en Castilla y León por no cumplir el requisito de la nacionalidad española. Así, en 2018 se han incorporado a Sacyl 50 nuevos especialistas extracomunitarios, de ellos 20 de medicina familiar y comunitaria.
Asimismo, se ha ofrecido estabilidad en el empleo: en los últimos tres años se han ofertado a oposición 642 plazas de médico de familia a las que se añadirán otras 710 en la próxima convocatoria. En conjunto, 1.352 plazas que facilitarán la estabilidad laboral de los médicos de familia. Además, en 2016 se convocó concurso de traslado de médicos de familia ya resuelto con un total de 2.412 plazas. Este mismo mes de febrero se ha convocado concurso abierto y permanente de médicos de familia que facilitará su movilidad y la atracción de especialistas de otras comunidades.
También se han incrementado las plazas MIR de medicina familiar y comunitaria. En los últimos tres años la oferta de plazas MIR de medicina familiar y comunitaria han aumentado en un 26 %, pasando de las 95 de la convocatoria 2015/16 a las 120 del 18/19. Por su parte, el Programa de Fidelización de Residentes ‘Segovia de Arana’ ha permitido la contratación de los mejores residentes, 57 en los últimos cuatro años, de ellos 12 recién especializados en medicina familiar y comunitaria.
Se ofrece además incentivación de docentes e investigadores: desde hace años, la intensificación -liberación de parte de su jornada con sustitución- de los profesionales de mayor peso en la formación de especialistas y en la investigación ha incluido a profesionales de Atención Primaria.
Se ha negociado también para su próxima aprobación el pago de las acumulaciones a los profesionales de Atención Primaria cuando no es posible su sustitución por falta de profesionales.
Más médicos por habitante
Tras repasar las medidas adoptadas en los últimos años y las previsiones contenidas en el Decreto Ley, el consejero ha recordado que el problema del déficit de profesionales no está vinculado a las medidas de contención del gasto público ni a los recortes. “El problema es la disponibilidad de profesionales que afecta al conjunto de comunidades autónomas, no solo a Castilla y León. De hecho, todas las plazas de Atención Primaria tienen la correspondiente dotación presupuestaria”.
Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad ponen de manifiesto que Castilla y León continúa siendo la comunidad con mayor dotación de médicos de familia: 119,4 por 100.000 habitantes, frente a 84,5 en el conjunto nacional. También que de todos los médicos especialistas el 36 % trabajan como médicos de familia de Atención Primaria, mientras que en España es el 31 %. Un mayor esfuerzo en Atención Primaria que se pone de manifiesto, también, al analizar los datos del gasto sanitario público: en Castilla y León el 15,6 % del gasto se destina a Atención Primaria, mientras en el SNS esta cifra es del 14,3 %.
Finalmente, Sáez ha recordado que se mantienen a buen ritmo las reuniones de los Grupos de Trabajo constituidos con sindicatos, sociedades científicas, plataformas, entidades sociales y grupos parlamentarios para la elaboración de un documento de consenso social, político y profesional sobre el futuro de la Atención Primaria.